El príncipe Harry y otros demandantes apelan la desestimación del High Court de la demanda de privacidad contra el Daily Mail

El príncipe Harry y cinco codemandantes han interpuesto un recurso de apelación solicitando una nueva vista en su demanda civil de privacidad contra Associated Newspapers Limited, impugnando una sentencia del High Court dictada en julio que desestimó sus alegaciones de recopilación ilícita de información. El duque de Sussex y sus compañeros litigantes sostienen que la resolución en primera instancia a favor de la editora del Daily Mail y The Mail on Sunday presentó vicios jurídicos y fácticos, lo que reabre un enfrentamiento legal de gran trascendencia sobre décadas de presuntas malas prácticas periodísticas.

## Datos clave

- El príncipe Harry, duque de Sussex, y otros cinco demandantes han presentado formalmente un recurso de apelación contra la sentencia del High Court de julio que desestimó su demanda por recopilación ilícita de información. - La demanda se dirige contra Associated Newspapers Limited, la empresa matriz del Daily Mail, The Mail on Sunday y MailOnline. - Los demandantes solicitan al tribunal de apelación que ordene un nuevo juicio íntegro, alegando que la sentencia original contenía graves errores de derecho y de hecho. - El litigio abarca acusaciones de vigilancia ilícita, entre ellas pirateo telefónico (phone-hacking), intervención de teléfonos fijos y obtención indebida de registros privados. - El proceso constituye una de las acciones civiles por privacidad más destacadas interpuestas contra un grupo editorial británico en virtud de las Civil Procedure Rules de Inglaterra y Gales.

## Qué ocurrió

Según informaciones de Gordon Rayner, el duque de Sussex y sus cinco codemandantes han adoptado medidas formales para revocar la sentencia del High Court dictada en julio, que falló en su contra en su demanda de privacidad frente a Associated Newspapers Limited. En sus escritos de apelación, el grupo sostiene que el tribunal de primera instancia llegó a conclusiones defectuosas tanto en el derecho como en los hechos, lo que justifica ordenar una nueva vista ante un panel judicial diferente.

La disputa legal de fondo gira en torno a amplias denuncias de que periodistas y contratistas externos que trabajaban para Associated Newspapers incurrieron en la recopilación ilícita de información a lo largo de un período prolongado. La demanda civil, presentada originariamente ante la King's Bench Division del High Court of Justice en Londres, alegaba vulneraciones sistemáticas de la privacidad. Estas incluían el encargo a investigadores privados de instalar dispositivos ocultos de escucha en domicilios y vehículos privados, la interceptación y grabación de comunicaciones en líneas fijas y teléfonos móviles privados, la obtención ilegítima de historiales médicos confidenciales y el engaño a entidades financieras y organismos públicos, práctica conocida en el sector de los medios como «blagging».

En julio, el juez de primera instancia desestimó el caso de los demandantes, otorgando lo que parecía una victoria concluyente a la empresa editorial. No obstante, los demandantes han ejercido ahora su derecho en virtud de la Part 52 de las Civil Procedure Rules para solicitar autorización para recurrir. Según el derecho procesal inglés, una apelación contra una sentencia firme del High Court no implica una revisión automática de las pruebas; exige, en cambio, que el tribunal de apelación determine si la resolución original fue errónea por un defecto de hecho o de derecho, o bien injusta debido a una irregularidad procesal grave o de otra índole. En su recurso, el duque de Sussex y sus codemandantes afirman que el tribunal inferior incurrió en error sobre los baremos probatorios fundamentales y aplicó indebidamente los criterios jurídicos aplicables a las demandas civiles de privacidad, lo que amerita una reapertura total de las actuaciones.

## Por qué es importante

Esta apelación tiene profundas implicaciones para la prensa británica, la regulación de las empresas de comunicación y el régimen legal aplicable a las demandas por presuntas conductas ilícitas corporativas históricas en Inglaterra y Gales. Las acciones civiles por recopilación ilícita de información han consumido decenas de millones de libras en honorarios legales en el sector de los medios británicos durante la última década, pero Associated Newspapers ha sostenido sistemáticamente que sus cabeceras jamás incurrieron en las prácticas sistemáticas de phone-hacking que anteriormente alcanzaron a competidores como Mirror Group Newspapers y News Group Newspapers de Rupert Murdoch.

Una apelación favorable que desemboque en un nuevo juicio forzaría a Associated Newspapers a someterse de nuevo a un extenso proceso probatorio público, exponiendo prácticas editoriales y comunicaciones internas de la dirección a un riguroso interrogatorio en audiencia pública. En cambio, si los jueces de apelación confirman la desestimación de julio, se consolidará un blindaje judicial definitivo para la editorial frente a amplias demandas históricas de privacidad y se cerrará de manera efectiva uno de los principales frentes legales británicos del príncipe Harry contra los medios sensacionalistas.

Más allá del ámbito periodístico, el caso tiene importantes implicaciones en la forma en que los tribunales ingleses aplican la Limitation Act 1980 en litigios que involucran denuncias de fraude encubierto o conductas ilícitas deliberadas. En virtud de la Section 32 de dicha ley, los demandantes deben demostrar que, actuando con una diligencia razonable, no habrían podido descubrir antes el presunto ilícito. Si el tribunal de apelación se pronuncia sobre cómo deben valorar los jueces el grado de conocimiento del demandante y el umbral de «diligencia razonable» frente a entidades comerciales sofisticadas, la resolución sentará un precedente vinculante para litigios civiles mucho más allá de los conflictos de privacidad y difamación, extendiéndose al fraude corporativo, las malas prácticas bancarias y los abusos institucionales.

## Antecedentes

El conflicto trascendió formalmente a la esfera pública en octubre de 2022, cuando un grupo de figuras de alto perfil presentó demandas civiles contra Associated Newspapers. Junto al príncipe Harry, el grupo de demandantes incluía a Baroness Doreen Lawrence —madre del adolescente asesinado Stephen Lawrence—, así como a personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo, entre ellas Sir Elton John, David Furnish, Elizabeth Hurley y Sadie Frost.

El litigio se enfrentó de inmediato a notables obstáculos procesales. En marzo de 2023, el High Court celebró cuatro jornadas de alegaciones preliminares ante Mr Justice Nicklin en los Royal Courts of Justice. Associated Newspapers solicitó el sobreseimiento inmediato de las demandas apoyándose en dos argumentos principales: primero, que se habían presentado fuera del plazo legal de prescripción ordinario de seis años previsto en el derecho inglés, aduciendo que los demandantes disponían de información suficiente años antes para iniciar averiguaciones; y segundo, que los demandantes se habían servido de forma ilícita de libros de contabilidad confidenciales aportados a la Leveson Inquiry de 2011–2012 sobre los estándares de la prensa, protegidos por órdenes legales de confidencialidad.

En noviembre de 2023, el High Court emitió una sentencia preliminar de gran relevancia. El tribunal dictaminó que las demandas podían seguir su curso hacia el juicio, concluyendo que los hechos relativos a cuándo los demandantes supieron, o pudieron razonablemente haber sabido, de la supuesta vigilancia eran demasiado complejos para resolverse sin una práctica de pruebas completa. Sin embargo, el juez determinó asimismo que los demandantes no podían apoyarse en los documentos de acceso restringido de la Leveson Inquiry sin obtener previamente una autorización formal de los ministerios pertinentes encargados de su custodia.

Tras ese fallo, el litigio atravesó complejas fases interlocutorias, con disputas exhaustivas en torno a la exhibición de documentos, declaraciones de testigos y costas judiciales, culminando en las sesiones del juicio de julio en las que finalmente se desestimaron las demandas. A lo largo de todo el procedimiento, Associated Newspapers negó categóricamente todas las acusaciones de conducta ilícita, describiendo el litigio como un intento concertado de arrastrar a sus publicaciones a escándalos históricos ocurridos en otros grupos periodísticos.

## Reacciones

Aunque en sus escritos procesales los demandantes califican el fallo de julio como «viciado en el derecho y en los hechos», ninguna de las partes ha emitido comentarios adicionales de calado fuera del ámbito de los tribunales. En fases previas del litigio, los representantes legales de los demandantes —entre ellos los despachos especializados en litigios de medios Hamlins y gunnercooke— insistieron en que la demanda obedecía a un compromiso colectivo por esclarecer abusos institucionales y fijar un registro público fidedigno sobre la vigilancia a particulares.

Associated Newspapers ha respondido históricamente a cada hito del proceso con categóricos desmentidos institucionales. En comunicados corporativos previos emitidos por sus portavoces, la editorial calificó las acusaciones de difamaciones absurdas e infundadas concebidas para dañar la reputación del Daily Mail y sus cabeceras afines. La compañía ha insistido en que sus periodistas operaron dentro de los márgenes de la ley y las normas del sector, expresando su confianza en que los tribunales civiles respaldarán plenamente su postura.

Analistas del sector y comentaristas jurídicos en Londres observan de cerca si el Court of Appeal concederá la autorización para continuar con el recurso. Ante la notoriedad de las partes y la complejidad técnica de las cuestiones planteadas, los observadores judiciales anticipan que la editorial demandada presentará rigurosos contraargumentos solicitando que se deniegue el permiso, argumentando que las conclusiones del juez de primera instancia se ajustaron plenamente a las pruebas disponibles y a la jurisprudencia consolidada.

## Lo que aún no se sabe

Varios aspectos determinantes del recurso de apelación continúan sin trascender. Los motivos concretos de la apelación detallados en los resúmenes de alegaciones («skeleton arguments») no se han publicado de forma íntegra, por lo que se desconoce la naturaleza exacta de los supuestos errores jurídicos denunciados: en particular, si los demandantes atacan la valoración que hizo el juez de instancia sobre la credibilidad de los testigos, la interpretación de los plazos de prescripción legal o la inadmisión de determinadas pruebas.

Tampoco se ha confirmado si la solicitud de autorización para apelar se cursó directamente ante el juez de instancia con motivo del fallo de julio o si se está tramitando como una solicitud reiterada ante el Court of Appeal. Asimismo, el importe total del riesgo económico al que se enfrentan los demandantes sigue siendo reservado. Bajo las normas de procedimiento civil inglesas, la parte vencida suele ser condenada al pago de las costas de la contraria; una apelación deja millones de libras de costas tasadas en suspenso o en riesgo añadido, pero los autos provisionales de costas adoptados tras el fallo de julio no se han hecho públicos.

## A qué prestar atención

El hito procesal más inmediato será la resolución sobre la admisión a trámite del recurso de apelación. Según la práctica inglesa, un juez de apelación examinará la solicitud escrita y podrá conceder el permiso en base a la documentación, denegarlo o señalar una vista oral para dilucidar si el recurso cuenta con perspectivas reales de prosperar o si concurre algún otro motivo de peso para ser examinado.

En caso de ser admitido, la Civil Division del Court of Appeal, con sede en los Royal Courts of Justice de the Strand, fijará un cronograma para la presentación de los escritos de contestación formal («respondent notices»), cuadernos de prueba complementarios y alegaciones escritas, seguido de una vista de varios días ante un tribunal integrado por tres Lord o Lady Justices of Appeal.

Los sectores interesados también permanecerán atentos a novedades paralelas en otros litigios por phone-hacking del príncipe Harry, en especial las acciones que mantiene contra News Group Newspapers, así como a la posterior tasación y liquidación definitiva de costas en su conjunto de pleitos contra medios en el High Court.

Este informe se basa en la cobertura original de Gordon Rayner.