El secretario de Defensa Hegseth rechaza las amenazas de juicio político y defiende la política bélica del gobierno

WASHINGTON — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó el jueves 5 de noviembre un mensaje en video en el que declaró que se opondrá enérgicamente a las iniciativas dentro del Congreso de EE. UU. destinadas a destituirlo de su cargo mediante un juicio político, al tiempo que presentó una firme defensa del esfuerzo bélico estadounidense contra Irán tras un ciclo electoral que supuso un severo revés político para el Partido Republicano.

## Key facts

- El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, difundió una grabación directa en video el jueves 5 de noviembre, en la que afirmó que tiene la intención de permanecer en su puesto y resistir las maniobras de juicio político en el Congreso. - Hegseth calificó la campaña militar relacionada con Irán de "valiente e histórica", según informó CNA. - La desafiante alocución pública del secretario de Defensa se produjo tras las elecciones nacionales celebradas a principios de semana, en las que los votantes impusieron importantes castigos electorales a los candidatos republicanos. - La respuesta pública del Pentágono tiene lugar mientras los legisladores en el Capitolio organizan medidas legislativas para cuestionar el liderazgo del gobierno en la conducción del conflicto.

## What happened

Al dirigirse directamente a la ciudadanía mediante un video grabado y difundido desde el Pentágono el jueves 5 de noviembre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, rechazó la creciente presión política para que dimita o enfrente una sanción legislativa formal. En el mensaje, Hegseth afirmó que continuará al frente del Departamento de Defensa a pesar de las crecientes demandas de miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU. para iniciar un proceso de juicio político en su contra.

Al abordar el conflicto armado que ha marcado su mandato, Hegseth justificó con vigor las operaciones militares emprendidas contra Irán, describiendo la guerra como una empresa "valiente e histórica", según informó CNA. La grabación constituyó su primer comentario público extenso de relevancia tras las elecciones nacionales celebradas a principios de semana, en las que los votantes infligieron duros reveses al Partido Republicano en las urnas.

Si bien el secretario aprovechó la intervención para defender la estrategia del gobierno, la grabación puso de manifiesto la creciente fricción entre la cúpula de defensa del poder ejecutivo y el Capitolio. Los legisladores, en respuesta a la frustración de sus electores por los compromisos en el extranjero y las repercusiones económicas, han centrado cada vez más sus mecanismos de supervisión en el máximo liderazgo civil de las fuerzas armadas.

## Why it matters

Las amenazas directas de juicio político dirigidas contra un secretario del gabinete en funciones representan una crisis institucional extraordinaria dentro del sistema de gobierno estadounidense. En virtud de la Constitución de los Estados Unidos, el juicio político contra funcionarios del ejecutivo está concebido como un recurso extremo para casos de "traición, soborno u otros delitos y faltas graves", y se ha empleado contra secretarios del gabinete en contadas ocasiones a lo largo de más de dos siglos de historia legislativa.

Para el personal militar, los aliados internacionales y los mercados financieros, un enfrentamiento político abierto entre el liderazgo civil del Pentágono y el Congreso introduce una profunda inestabilidad operativa. El Departamento de Defensa opera con vastas asignaciones anuales regidas por la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA). Cuando un secretario de Defensa queda aislado políticamente del poder legislativo, las deliberaciones presupuestarias ordinarias, los programas de adquisición de armamento y las autorizaciones para el despliegue militar sufren graves alteraciones.

Además, las consecuencias políticas de los conflictos exteriores han restringido históricamente la capacidad de maniobra diplomática de una administración. Si los adversarios perciben que un secretario de Defensa carece del respaldo político del Congreso o del electorado nacional, la disuasión puede erosionarse considerablemente. En el ámbito interno, los votantes que manifestaron su descontento con la postura militar del gobierno observarán con atención si los líderes legislativos logran traducir los avances electorales en una modificación tangible de la estrategia militar o si la autoridad ejecutiva mantendrá su rumbo al margen de la oposición legislativa.

## The background

En virtud del Artículo II, Sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos, los funcionarios civiles de Estados Unidos, incluidos los jefes de departamento del gabinete, están sujetos a destitución mediante un juicio político promovido por la Cámara de Representantes y una posterior condena por una votación de dos tercios en el Senado. Históricamente, tales medidas contra secretarios de departamento han sido sumamente infrecuentes. Con anterioridad a las disputas modernas, el precedente principal se produjo en 1876, cuando la Cámara de Representantes sometió a juicio político al secretario de Guerra William Belknap por acusaciones de corrupción financiera, poco antes de que el Senado lo absolviera tras su renuncia formal. Más recientemente, a principios de 2024, la Cámara de Representantes promovió un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por discrepancias de política relativas a la vigilancia fronteriza, aunque el Senado desestimó los cargos sin celebrar un juicio completo.

Las fricciones en torno a las intervenciones militares han desencadenado históricamente profundos conflictos constitucionales entre los poderes ejecutivo y legislativo. En virtud del Artículo I, Sección 8 de la Constitución, el Congreso tiene la autoridad exclusiva para declarar la guerra, reclutar y sostener ejércitos y regular las fuerzas armadas. Por el contrario, el Artículo II designa al presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas, un esquema que ha generado tensiones estructurales durante cada gran conflicto exterior no declarado desde la Segunda Guerra Mundial.

En 1973, el Congreso aprobó la Resolución sobre Poderes de Guerra sobre el veto presidencial en un intento de reafirmar la supervisión legislativa tras la Guerra de Vietnam. La ley exige que el poder ejecutivo notifique al Congreso en un plazo de 48 horas tras desplegar fuerzas militares en hostilidades y ordena la retirada de las tropas en un plazo de 60 a 90 días, a menos que los legisladores concedan una autorización legal explícita o emitan una declaración formal de guerra. A pesar de este marco legal, sucesivas administraciones presidenciales de ambos partidos han impugnado con frecuencia la validez constitucional de la resolución, argumentando que vulnera la prerrogativa ejecutiva de proteger la seguridad nacional.

Las tensiones entre Washington y Teherán abarcan décadas y se originaron con la Revolución Islámica de 1979 y la posterior crisis de los rehenes, a las que siguieron años de conflictos indirectos en Oriente Medio, disputas sobre corredores marítimos en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, e impasses internacionales relativos a la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán. Toda escalada regional de magnitud ha generado reiteradamente una severa reacción política interna en Estados Unidos, donde el cansancio de la opinión pública respecto a la guerra ha ejercido una fuerte influencia sobre las elecciones nacionales a lo largo de varias décadas.

## Reaction

La información proporcionada por CNA documenta el tajante rechazo del secretario Hegseth a la ofensiva legislativa en su contra, pero en todo Washington se están configurando rápidamente reacciones generalizadas. Se prevé que los líderes del Congreso pertenecientes al partido de la oposición utilicen las mayorías entrantes en los comités legislativos para acelerar las investigaciones sobre la toma de decisiones del Pentágono, los despliegues de tropas y las evaluaciones de inteligencia vinculadas al conflicto.

Dentro del estamento de la defensa, ex altos mandos militares y juristas especializados en seguridad nacional suelen expresar una profunda preocupación cuando el liderazgo civil del Departamento de Defensa se ve envuelto en enfrentamientos legislativos de carácter existencial. Los analistas esperan que los paneles de supervisión del Congreso, en particular el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, emitan solicitudes formales de documentación, informes clasificados y testimonios públicos tanto de funcionarios civiles como de oficiales uniformados del Pentágono en los próximos días.

## What we don't know yet

Persisten lagunas considerables en cuanto a los pormenores operativos y el fundamento jurídico inmediato de la confrontación. El despacho inicial de CNA no identifica a qué miembros concretos del Congreso corresponde la redacción o presentación de los artículos formales de juicio político, ni precisa los cargos legales exactos o el calendario de procedimiento que los legisladores pretenden aplicar. Sigue sin estar claro si la iniciativa de juicio político cuenta con un respaldo unánime dentro de la bancada opositora o si los legisladores moderados abogarán por mecanismos de supervisión alternativos, como la ejecución de citaciones, restricciones presupuestarias o resoluciones de censura.

De manera crucial, el reporte no proporciona métricas operativas relativas al estado actual de las hostilidades con Irán, incluidas cifras de bajas, teatros geográficos de operaciones, el estado de las vías marítimas o los costes financieros proyectados para los despliegues militares en curso. El balance legislativo exacto derivado de las recientes elecciones, incluidos los márgenes definitivos de control tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, no fue detallado en el despacho, lo que deja en la incertidumbre la viabilidad de cualquier juicio con vistas a una condena en el Senado.

## What to watch

El acontecimiento inmediato a seguir es la convocatoria formal de los líderes en el Capitolio tras la certificación de los resultados electorales, para determinar si la Cámara de Representantes dará prioridad a una votación de juicio político contra el secretario de Defensa antes de que concluya el actual período legislativo. Los observadores deberán permanecer atentos a cualquier resolución formal presentada bajo las normas de procedimiento privilegiado de la Cámara de Representantes, las cuales pueden forzar su debate en el pleno dentro de un marco temporal estricto.

La atención también se dirigirá al Senado, donde cualquier fiscal delegado del juicio político necesitaría reunir una supermayoría de dos tercios de 67 votos para asegurar una condena y la destitución del cargo, un umbral que históricamente ha resultado insuperable en entornos partidistas polarizados. Además, los analistas deberán seguir de cerca las próximas audiencias del Congreso sobre las solicitudes de asignación presupuestaria suplementaria de emergencia para defensa, en las que los legisladores ostentan la potestad presupuestaria para condicionar, restringir o desfinanciar por completo las operaciones militares activas en ultramar.

Este informe se basa en la cobertura original de CNA.