Santiago Peña queda bajo arresto domiciliario en Paraguay tras su destitución en el Senado

Las autoridades paraguayas impusieron arresto domiciliario al expresidente Santiago Peña en Asunción este viernes tras su abrupta destitución del cargo por parte del Senado nacional. La cámara legislativa votó a favor de separar al jefe de Estado tras la repentina insolvencia y quiebra de un destacado banco comercial estrechamente vinculado a su administración, despejando el camino para que los fiscales promuevan cargos penales centrados en una presunta lesión de confianza.

Peña, un economista y exministro de Hacienda que asumió la presidencia de Paraguay en agosto de 2023, vio culminado su mandato en virtud de los procedimientos constitucionales de juicio político por vía rápida del país, antes de que las autoridades judiciales dictaran una orden que lo confina a su residencia mientras los investigadores indagan el colapso financiero.

## Datos clave

- El Senado paraguayo votó a favor de destituir al presidente Santiago Peña del Poder Ejecutivo a principios de noviembre de 2026 tras un juicio político de emergencia. - Magistrados judiciales impusieron a Peña arresto domiciliario inmediato bajo cargos preliminares de lesión de confianza (*lesión de confianza* según el derecho penal paraguayo). - El juicio político y las actuaciones judiciales posteriores fueron desencadenados por la quiebra de una importante institución bancaria comercial vinculada al Poder Ejecutivo. - La destitución de Peña representa la primera remoción a mitad de mandato de un jefe de Estado paraguayo en funciones desde el juicio político de junio de 2012 contra el presidente Fernando Lugo. - La línea de sucesión constitucional en Paraguay asigna la autoridad presidencial al vicepresidente en funciones, a la espera de la confirmación formal por parte de la asamblea legislativa.

## Qué ocurrió

Según información de The Associated Press, el Senado paraguayo se reunió para retirar a Santiago Peña de su mandato presidencial después de que una quiebra bancaria de alto impacto desestabilizara al gobierno y desatara acusaciones de irregularidades fiscales. Los legisladores actuaron contra el ejecutivo tras el desmoronamiento de una importante entidad crediticia comercial cuyas operaciones habían quedado profundamente entrelazadas con mecanismos regulatorios estatales y figuras de alto nivel de la facción gobernante.

Poco después de que el Senado concluyera el proceso de juicio político y declarara vacante la presidencia, los magistrados judiciales intervinieron para restringir la libertad de Peña. Los fiscales solicitaron una orden de detención inmediata invocando riesgo de fuga y la necesidad de resguardar registros regulatorios vinculados a la entidad financiera en quiebra. Un juez hizo lugar a la solicitud y ordenó a los agentes del orden escoltar al expresidente a su residencia privada bajo arresto domiciliario formal.

Las autoridades judiciales fundamentaron la orden de detención en la sospecha de lesión de confianza, un delito tipificado en el Artículo 192 del Código Penal paraguayo que castiga a los administradores públicos que, de forma intencional o negligente, causen un perjuicio patrimonial grave a bienes confiados a su custodia. Los investigadores examinan si se aprovechó indebidamente la autoridad ejecutiva para proteger, rescatar o pasar por alto déficits de capitalización dentro de la entidad crediticia colapsada antes de que su insolvencia fuera innegable.

## Por qué es importante

La destitución y detención de Peña introducen una marcada volatilidad política y económica en una nación sin litoral de unos 7.5 millones de habitantes que durante mucho tiempo se enorgulleció de su previsibilidad macrofiscal en medio de las turbulencias regionales. Paraguay es uno de los principales exportadores mundiales de soja y carne vacuna, y comparte las monumentales represas hidroeléctricas de Itaipu y Yacyretá con Brasil y Argentina. Cualquier vacío prolongado de gobernabilidad amenaza flujos comerciales regionales críticos, las negociaciones en curso con Brasil sobre la tarifa energética de Itaipu y las calificaciones de deuda soberana que Asunción trabajó durante años para elevar hacia el grado de inversión.

Las tensiones en el sector financiero conllevan riesgos inmediatos de contagio para el ecosistema bancario de Paraguay. Si los depositantes perciben que los órganos de supervisión regulatoria bajo el Banco Central del Paraguay (*Banco Central del Paraguay*, o BCP) permitieron que las lealtades políticas distorsionaran los requisitos de solvencia o demoraran intervenciones obligatorias, la confianza sistémica podría erosionarse rápidamente. Los mercados locales de crédito corren el riesgo de sufrir una fuerte contracción a medida que los bancos comerciales competidores reevalúen su exposición a la deuda del sector público y a empresas vinculadas al Estado.

Más allá del contagio financiero, la crisis desafía la estabilidad institucional en todo el Cono Sur. Paraguay pertenece a la unión aduanera Mercosur junto con Argentina, Brasil y Uruguay, países que aplican el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático. Cuando el Congreso paraguayo destituyó sumariamente al presidente Fernando Lugo en 2012, los gobiernos vecinos calificaron la maniobra de "golpe parlamentario" y suspendieron transitoriamente a Asunción del bloque comercial regional. Una segunda destitución presidencial ejecutada mediante un juicio político sumario suscita un escrutinio diplomático idéntico por parte de socios regionales y prestamistas multilaterales, incluidos el Inter-American Development Bank y el International Monetary Fund.

## Antecedentes

Santiago Peña llegó a la presidencia como candidato del históricamente dominante Colorado Party (*Asociación Nacional Republicana*, o ANR), una institución que ha controlado la vida política de Paraguay durante la mayor parte de las últimas siete décadas, incluyendo los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner. Peña, un tecnócrata formado en Estados Unidos, se había desempeñado previamente en el directorio del Banco Central del Paraguay y como ministro de Hacienda entre 2015 y 2017 durante la administración del presidente Horacio Cartes.

A lo largo de su carrera política, la trayectoria de Peña se mantuvo entrelazada con el movimiento "Honor Colorado" liderado por Cartes, un acaudalado magnate tabacalero y de bebidas que enfrentó severas sanciones por parte del United States Department of State y de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del U.S. Treasury en 2022 y 2023 por presunta corrupción sistémica. Esas sanciones de EE. UU. forzaron la desinversión estructural y reorganización de varias empresas financieras estrechamente ligadas al holding de Cartes, entre ellas la casa de crédito privada Banco Basa, generando persistentes tensiones dentro del esquema de supervisión financiera de Asunción.

En virtud del Artículo 225 de la Constitución paraguaya de 1992, la Cámara de Diputados posee la atribución exclusiva de formular acusaciones contra el presidente por mal desempeño de sus funciones, mientras que el Senado actúa como tribunal juzgador. El umbral para una condena requiere una mayoría de dos tercios en la cámara alta. Aunque el Artículo 225 fue concebido como un contrapeso definitivo contra el abuso de poder del Ejecutivo, contiene plazos procesales mínimos, lo que permite a una mayoría legislativa unificada sustanciar juicios y dictar sentencias en cuestión de horas. El juicio político de 2012 a Fernando Lugo se ejecutó en menos de 48 horas tras un mortífero enfrentamiento de tierras en Curuguaty, sentando un duradero precedente legal para destituciones parlamentarias relámpago.

La arquitectura financiera de Paraguay está regulada por la Ley 861/96, Ley General de Bancos y Otras Entidades Financieras, que atribuye la supervisión regulatoria a la Superintendencia de Bancos bajo la dependencia del BCP. Las investigaciones por lesión de confianza relacionadas con crisis financieras en Paraguay se han centrado históricamente en préstamos no autorizados, colocaciones de fondos de previsión estatal en entidades privadas sin cobertura adecuada o el desvío de asistencias de liquidez destinadas al salvamento de balances en dificultades.

## Reacciones

Las imprevistas actuaciones judiciales y la votación legislativa han paralizado a la clase política de Asunción. En virtud del Artículo 234 de la Constitución paraguaya, el vicepresidente Pedro Alliana está designado para asumir las funciones del Poder Ejecutivo en caso de vacancia definitiva de la presidencia, a la espera de que se completen formalmente los protocolos constitucionales de sucesión.

Líderes opositores en el Congreso pertenecientes al Authentic Radical Liberal Party (*Partido Liberal Radical Auténtico*, o PLRA) y a bancadas independientes habían advertido reiteradamente que la supervisión ejecutiva sobre entidades financieras privadas se estaba subordinando a prioridades de facción política. Aunque los bloques legislativos actuaron de manera concertada para alcanzar los dos tercios necesarios para destituir a Peña, se prevé que los legisladores opositores exijan auditorías exhaustivas a la Superintendencia de Bancos y a las entidades estatales de seguridad social que mantienen cuantiosos saldos de liquidez en el sistema bancario del país.

La principal cúpula empresarial de Paraguay, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (*FEPRINCO*), junto con la Asociación de Bancos del Paraguay (*ASOBAN*), han defendido de forma constante la continuidad institucional y la transparencia financiera durante coyunturas de estrés regulatorio, con el propósito de llevar certidumbre a los depositantes privados de que los esquemas de garantía permanecen sólidos. Organismos multilaterales, en particular la Organization of American States (OAS), siguen de cerca la situación en Asunción para asegurar que el proceso de sucesión se ajuste con rigor a los preceptos constitucionales.

## Lo que aún no se sabe

Diversos aspectos cruciales de la crisis siguen sin esclarecerse en los registros públicos y resoluciones judiciales. El principal de ellos es la identidad precisa y el volumen de activos del banco comercial colapsado que precipitó la votación en el Senado. The Associated Press informó que la entidad mantenía fuertes vínculos con el gobierno de Peña, pero los organismos reguladores todavía no han hecho públicos la exposición patrimonial exacta, el volumen de depósitos minoristas no asegurados ni si reservas de pensiones del sector público se encontraban depositadas en la entidad fallida.

Asimismo, las conductas penales concretas en las que se sustenta la orden de arresto domiciliario contra Peña permanecen definidas únicamente en términos generales bajo la tipificación de lesión de confianza. Aún no se ha determinado si los investigadores le atribuyen haber autorizado de forma directa una dispensa regulatoria ilícita, haberse beneficiado a título personal de transacciones previas a la insolvencia del banco o haber omitido activar los mecanismos legales de intervención previstos por el Banco Central del Paraguay. La conformación de su equipo de defensa jurídica, la presentación de apelaciones formales contra la medida cautelar y la posibilidad de que otros altos funcionarios del área económica enfrenten imputaciones de manera simultánea continúan sin confirmación.

## A qué prestar atención

El acontecimiento central al que dar seguimiento en los próximos días será la juramentación formal y las designaciones de gabinete por parte del nuevo gobierno. Los analistas observarán con detenimiento si se renueva la cúpula del Banco Central del Paraguay y de la Superintendencia de Bancos, lo cual indicaría un saneamiento de fondo de los órganos reguladores financieros, o si operadores afines a la facción retendrán el control de los entes de supervisión.

Los mercados financieros estarán atentos a la apertura de las cotizaciones de bonos soberanos locales y a las operaciones cambiarias del Paraguayan Guaraní. El BCP dispone de cuantiosas reservas internacionales, pero podría verse obligado a intervenir con liquidez en dólares para frenar la depreciación monetaria y contener posibles retiros de depósitos bancarios minoristas si decayera la confianza pública.

Por último, las declaraciones diplomáticas procedentes de Brasília, Buenos Aires y Washington darán indicios sobre si las cancillerías consideran el juicio sumario del Senado como una vía constitucional legítima o como un quiebre institucional desestabilizador. Cualquier señal de sanciones comerciales regionales o de reservas diplomáticas formales al amparo de las disposiciones democráticas del Mercosur condicionará decisivamente el margen de maniobra interna y el posicionamiento internacional del nuevo Ejecutivo.

This article includes reporting from The Associated Press.