Un grupo de mujeres presenta una demanda civil contra la Metropolitan Police por detenciones preventivas en la Coronación

Un grupo de mujeres ha iniciado acciones legales contra el Metropolitan Police Service de Londres por sus detenciones en el periodo previo a la Coronación del rey Carlos III, según la información de Danny Halpin. Las demandantes afirman que fueron arrestadas de forma ilegal bajo la sospecha de conspiración para provocar una alteración del orden público, mientras la policía llevaba a cabo un importante operativo de seguridad en toda la capital.

Durante su permanencia bajo custodia policial, las mujeres fueron sometidas a registros corporales completos y permanecieron retenidas en celdas de la comisaría durante periodos de hasta 14 horas. La demanda cuestiona tanto la justificación legal de sus arrestos iniciales como la severidad de los procedimientos aplicados mientras estuvieron detenidas.

## Alegaciones de arresto ilegal y procedimientos bajo custodia

La acción civil se centra en las alegaciones de que la Metropolitan Police actuó sin suficientes motivos legales al poner a las mujeres bajo custodia. Según la información de Danny Halpin, las personas fueron puestas bajo custodia bajo la sospecha de conspiración para provocar una alteración del orden público, un delito citado con frecuencia por las autoridades que buscan evitar perturbaciones planificadas con antelación en grandes eventos nacionales.

Las demandantes alegan que sus arrestos fueron ilegales y que los procedimientos posteriores bajo custodia resultaron desproporcionados. Permanecer retenidas hasta 14 horas, combinado con registros corporales completos, representó una privación significativa de la libertad, según sostiene la demanda. En los litigios civiles contra las fuerzas policiales del Reino Unido, las demandas por arresto ilegal suelen buscar el reconocimiento oficial de la conducta ilícita, además de una compensación económica por detención ilegal y violaciones de los derechos humanos.

## Operativos de seguridad para el evento de Estado

Los arrestos se produjeron en el contexto de uno de los operativos de seguridad más amplios y complejos emprendidos por las fuerzas del orden de Londres en décadas. En los días y horas previos a la Coronación del rey Carlos III, miles de agentes de policía de todo el Reino Unido se desplegaron por el centro de Londres para vigilar las rutas de los desfiles, proteger a personalidades reales y dignatarios internacionales visitantes, y gestionar a grandes multitudes de público.

Como parte del plan operativo, la Metropolitan Police aplicó medidas policiales proactivas diseñadas para mitigar riesgos potenciales. Altos cargos policiales destacaron en su momento que las fuerzas del orden mantendrían un umbral bajo de intervención contra cualquier actividad considerada capaz de causar una perturbación grave del orden público o poner en peligro la seguridad a lo largo de los recorridos ceremoniales.

## Leyes de orden público y detenciones preventivas

El fundamento legal invocado durante los arrestos —conspiración para provocar una alteración del orden público— refleja cambios recientes y disposiciones existentes en la legislación sobre orden público de Inglaterra y Gales. Las leyes sobre alteración del orden público establecen que un individuo comete un delito si su conducta causa daños graves, inconvenientes o angustia al público, o impide al público el ejercicio de derechos comunes.

Dado que el cargo de conspiración implica un acuerdo para llevar a cabo un acto futuro, proporciona a los agentes de la ley el marco legal para arrestar a personas antes de que se produzca una presunta perturbación. Sin embargo, expertos legales y organizaciones de libertades civiles han recalcado en repetidas ocasiones que el uso de facultades preventivas exige un alto nivel de exigencia probatoria. Para realizar un arresto legal conforme a la legislación del Reino Unido, los agentes deben disponer de motivos razonables para sospechar que se está cometiendo o se va a cometer un delito, y que la detención es necesaria con arreglo a los códigos policiales vigentes.

## Escrutinio sobre las facultades de registro bajo custodia

Un componente central del recurso legal del que informa Danny Halpin se refiere a los registros corporales completos realizados mientras las demandantes permanecían bajo custodia. En virtud de la Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) y sus códigos de práctica asociados, los registros invasivos, como los desnudos integrales o las revisiones corporales completas en las dependencias policiales, están sujetos a estrictas normas de procedimiento.

La normativa policial establece que los registros corporales completos solo pueden realizarse cuando un agente tenga motivos razonables para creer que la persona detenida oculta un objeto que podría causar daños físicos, facilitar una fuga o constituir una prueba relacionada con un delito. Además, dichos registros deben realizarse respetando la dignidad y la intimidad del detenido. La acción judicial emprendida por el grupo sostiene que la aplicación de registros corporales completos en sus circunstancias específicas fue innecesaria e ilegal.

## Impacto en las libertades civiles y la libertad de reunión

El recurso legal pone de manifiesto debates más amplios sobre el equilibrio entre las exigencias de la seguridad pública y las libertades civiles fundamentales durante grandes eventos de Estado. Los grupos de derechos humanos han expresado su constante preocupación por el hecho de que las tácticas policiales preventivas y agresivas corren el riesgo de vulnerar los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que está incorporado a la legislación nacional a través de la Human Rights Act 1998.

Cuando las detenciones se prolongan hasta 14 horas sin derivar en cargos penales, los críticos argumentan que esta práctica puede funcionar como una forma de detención arbitraria que desanima la participación pública legal. La Metropolitan Police ha sostenido con anterioridad que sus agentes actúan de buena fe y dentro de los parámetros legales para equilibrar los derechos individuales con la necesidad de mantener el orden público y la seguridad durante las grandes operaciones.

## Procedimientos civiles y responsabilidad institucional

La demanda civil contra el Metropolitan Police Service seguirá su curso a través del sistema judicial civil, donde los representantes legales de las demandantes y de la fuerza policial presentarán sus argumentos y pruebas sobre la legalidad de los arrestos y de la gestión de la custodia.

En este tipo de casos, el tribunal evalúa si los agentes encargados del arresto cumplían con los requisitos legales sobre la sospecha razonable y si la duración y las condiciones de la detención estaban justificadas por la ley. Si el tribunal falla a favor de las demandantes, el servicio policial podría enfrentarse a la responsabilidad por daños y perjuicios y verse obligado a revisar sus directrices operativas para futuras intervenciones policiales masivas.

Este informe se basa en las informaciones originales de Danny Halpin.