EE. UU. impone sanciones a altos funcionarios de la CPI en un esfuerzo por desmantelar el tribunal

WASHINGTON — El gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva ronda de sanciones económicas y de viaje dirigidas contra el presidente y el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, lo que escala un enfrentamiento de larga data entre Washington y el tribunal de La Haya. Las medidas reflejan un impulso renovado por parte de la administración Trump para socavar la autoridad de la corte, acompañado de un compromiso explícito de desmantelar el tribunal internacional permanente «ladrillo a ladrillo», según la información de Tom Bateman.

## Sanciones dirigidas al liderazgo del tribunal Las últimas medidas se dirigen específicamente a altos funcionarios que dirigen la Corte Penal Internacional (CPI), incluidos su presidente en ejercicio y su máximo responsable jurídico. En virtud de las medidas ejecutivas dispuestas por Washington, las personas incluidas en la lista de sanciones están sujetas a severas restricciones financieras, lo que incluye la congelación de cualquier activo mantenido dentro de las jurisdicciones de EE. UU. y la prohibición a los ciudadanos e instituciones financieras estadounidenses de realizar transacciones con ellas. Por lo general, las visas para las personas designadas y sus familiares directos también se revocan o deniegan en virtud de estas medidas.

Según la información de Tom Bateman, la retórica declarada por la administración en torno a esta política subraya la intención de desmantelar sistemáticamente el tribunal internacional. El objetivo declarado de demoler la institución «ladrillo a ladrillo» marca uno de los desafíos retóricos y de política más directos que ha enfrentado el poder judicial internacional desde su fundación. Washington ha sostenido en reiteradas ocasiones que la corte carece de jurisdicción legítima sobre los ciudadanos de naciones que no han ratificado su tratado fundacional.

## Historia más amplia de las relaciones entre EE. UU. y la CPI El conflicto entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional abarca múltiples administraciones presidenciales, arraigado en visiones fundamentalmente divergentes sobre la soberanía nacional y la supervisión jurídica internacional. Creada por el Estatuto de Roma en 1998 y operativa desde 2002, la CPI se estableció como un tribunal de última instancia para enjuiciar a individuos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión cuando los tribunales nacionales no quieren o no pueden hacerlo.

Aunque EE. UU. participó en las negociaciones que condujeron al Estatuto de Roma y firmó el tratado bajo la presidencia de Bill Clinton en 2000, el acuerdo nunca se sometió al Senado para su ratificación. En 2002, bajo la presidencia de George W. Bush, EE. UU. notificó formalmente a las Naciones Unidas que no tenía la intención de convertirse en parte del tratado. Ese mismo año, el Congreso aprobó la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Estadounidense (American Service-Members' Protection Act), que restringió la cooperación de EE. UU. con la CPI y autorizó al presidente a utilizar todos los medios necesarios y apropiados para liberar al personal estadounidense o aliado detenido por o en nombre del tribunal.

## Sanciones anteriores y cambios de política Esta no es la primera vez que la administración Trump despliega sanciones financieras contra la cúpula de la CPI. Durante su mandato anterior en 2020, la administración designó a la exfiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, y a otro alto funcionario del tribunal, Phakiso Mochochoko, bajo la Orden Ejecutiva 13928. Dicha orden ejecutiva autorizaba sanciones contra personas extranjeras implicadas en los esfuerzos de la CPI para investigar al personal militar y de inteligencia de EE. UU. por presuntas acciones en Afganistán, así como investigaciones que involucraban a aliados clave de Estados Unidos, como Israel.

Posteriormente, la administración Biden revocó la Orden Ejecutiva 13928 en abril de 2021, afirmando que, si bien Washington mantenía su oposición a los intentos de la corte de ejercer jurisdicción sobre Estados no partes, las sanciones eran un método inapropiado e ineficaz para abordar esas preocupaciones. El regreso oficial a las medidas coercitivas económicas señala un drástico giro de política, restableciendo la coerción agresiva contra las figuras clave del tribunal internacional.

## El punto de fricción jurisdiccional El núcleo de la disputa se centra en el principio de jurisdicción universal y el alcance de la corte sobre Estados no miembros. La CPI opera bajo el principio de que posee jurisdicción territorial sobre los presuntos delitos cometidos en el territorio de un Estado parte, independientemente de la nacionalidad del autor. Washington ha rechazado sistemáticamente esta interpretación, afirmando que ningún organismo internacional tiene autoridad sobre los ciudadanos o el personal militar de EE. UU. sin el consentimiento explícito del gobierno estadounidense a través de la ratificación de tratados.

Por el contrario, funcionarios judiciales y juristas sostienen que eximir a los nacionales de Estados no miembros del enjuiciamiento por presuntos delitos cometidos dentro de Estados miembros crearía vacíos legales y socavaría la aplicación universal del derecho internacional humanitario. Esta tensión estructural ha situado repetidamente a la corte en conflicto directo con naciones soberanas que operan fuera del marco del Estatuto de Roma, entre ellas Estados Unidos, Rusia y China.

## Implicaciones globales y resiliencia institucional El anuncio de sanciones contra la cúpula de la corte plantea importantes desafíos logísticos y operativos para el tribunal. Dado que el sistema financiero global depende en gran medida de las cámaras de compensación en dólares estadounidenses y de la infraestructura bancaria de EE. UU., las figuras internacionales incluidas en las listas de sanciones estadounidenses suelen enfrentarse a dificultades extremas para mantener cuentas bancarias, procesar pagos internacionales o realizar gestiones oficiales en el extranjero.

Los partidarios de la corte, incluidas las organizaciones de derechos humanos y los Estados miembros europeos, han condenado históricamente las sanciones de EE. UU. contra el personal de la CPI como un ataque a la independencia judicial y al Estado de derecho internacional. Quienes se oponen a estas medidas sostienen que penalizar a jueces y fiscales sienta un precedente peligroso, que potencialmente podría alentar a regímenes autocráticos a arremeter contra figuras del derecho internacional que investigan atrocidades patrocinadas por el Estado.

A pesar de la presión financiera y política ejercida por potencias no miembros, la Asamblea de los Estados Partes de la corte —integrada por más de 120 naciones— ha reafirmado repetidamente su compromiso con el mandato del tribunal. Sin embargo, la campaña explícita para desmantelar la institución representa una prueba formidable para la estabilidad y eficacia de la arquitectura de la justicia internacional.

## Perspectivas de futuro A medida que las nuevas sanciones entren en vigor, es probable que las consecuencias inmediatas tengan repercusiones tanto en los canales diplomáticos como en las funciones administrativas de la corte. Los expertos jurídicos prevén que las organizaciones de la sociedad civil internacional y los Estados partes impugnen la política de la administración, al tiempo que intentan blindar al personal del tribunal frente a los impactos económicos personales de las sanciones estadounidenses.

La promesa de la administración de desmantelar el tribunal sugiere que podrían aplicarse medidas restrictivas adicionales contra otros jueces, fiscales o instituciones de apoyo. El modo en que la comunidad internacional equilibre las relaciones diplomáticas con Washington manteniendo al mismo tiempo la independencia operativa de La Haya seguirá siendo un asunto determinante en la gobernanza global.

La información para este artículo fue producida originalmente por Tom Bateman.