Observadores de la ONU piden investigar el uso de la fuerza por parte de la policía india contra manifestantes

Expertos independientes en derechos humanos afiliados a las Naciones Unidas han pedido a las autoridades indias que pongan fin de inmediato al uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes y abran una investigación imparcial sobre la conducta policial reciente, citando acusaciones creíbles de que los participantes sufrieron lesiones graves y malos tratos durante las medidas represivas oficiales contra protestas civiles. El llamamiento, emitido el martes desde Washington y Geneva, subraya el creciente escrutinio de observadores jurídicos internacionales sobre los métodos de aplicación de la ley desplegados contra reuniones públicas en la democracia más poblada del mundo.

## Datos clave

- Expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas emitieron un llamamiento formal el martes 20 de octubre, exigiendo el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en India. - Los observadores pidieron una investigación independiente y transparente sobre la conducta oficial durante las recientes operaciones para dispersar manifestaciones públicas. - Los observadores documentaron informes que indicaban que los manifestantes habían sufrido traumatismos físicos y lesiones como resultado directo de tácticas agresivas de control de masas. - Múltiples testimonios recopilados por observadores de derechos humanos indicaron que personas puestas bajo custodia o acorraladas por agentes de seguridad sufrieron malos tratos físicos. - La declaración dirige una renovada atención internacional hacia las obligaciones de derechos humanos de New Delhi bajo el International Covenant on Civil and Political Rights, ratificado por India en 1979.

## Qué ocurrió

Según informó Reuters, el llamamiento se produjo tras una serie de enfrentamientos en los que, según los informes, el personal de seguridad estatal empleó métodos de dispersión de línea dura contra concentraciones de manifestantes, lo que dejó heridos y denuncias formales de abusos bajo custodia y en la vía pública. Titulares de mandatos de derechos humanos de las Naciones Unidas —especialistas independientes designados bajo los auspicios del UN Human Rights Council en Geneva— revisaron pruebas que señalan casos en los que las intervenciones policiales excedieron los umbrales establecidos por las normas policiales globales.

En su intervención conjunta, los expertos expresaron una grave preocupación por el volumen de lesiones infligidas a asambleas no violentas. Aunque los lugares geográficos específicos y las jurisdicciones regionales no se detallaron individualmente en el comunicado preliminar, los observadores hicieron hincapié en que los cuerpos de seguridad recurrieron reiteradamente a la fuerza física en lugar de a protocolos de desescalada. Los relatos de testigos presenciales y los expedientes de observadores citados por los expertos señalaron el uso de métodos contundentes de dispersión física, incluidos el despliegue de instrumentos de fuerza contundente, proyectiles no letales y gases lacrimógenos en circunstancias que no justificaban medidas tácticas extremas.

Asimismo, los especialistas de la ONU enfatizaron que las personas detenidas en relación con estas concentraciones denunciaron haber sido sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes mientras se encontraban bajo control estatal. Tras calificar de inaceptable la respuesta estatal, los expertos insistieron en que las autoridades indias deben incoar una investigación judicial o administrativa rápida, transparente e independiente para deslindar responsabilidades, evaluar la culpabilidad institucional y garantizar la reparación a los ciudadanos lesionados.

## Por qué es importante

La intervención de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas conlleva importantes repercusiones diplomáticas, constitucionales y de gobernanza. En el fondo, la cuestión pone a prueba si las prácticas policiales nacionales en India se ajustan a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución india. En virtud de los artículos 19(1)(a) y 19(1)(b) de la Constitution of India, los ciudadanos tienen garantizadas las libertades básicas de expresión, así como el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas. Cuando el personal de seguridad reprime de forma rutinaria las protestas callejeras mediante medidas punitivas, estas protecciones constitucionales fundacionales quedan socavadas de raíz, coartando la participación cívica de sindicatos, organizaciones estudiantiles, coaliciones agrarias y grupos minoritarios regionales.

Para observadores e inversores internacionales, la evaluación incide de manera directa en la estabilidad política, la previsibilidad institucional y la salud de la sociedad civil. En los últimos años, índices internacionales de gobernanza —como las clasificaciones del V-Dem Institute y los estudios de Freedom House— han rebajado la calificación de India, señalando un endurecimiento de las restricciones sobre la disidencia pública, las asociaciones cívicas y las actividades de prensa. La fricción sostenida entre las autoridades estatales y los mecanismos independientes de la ONU amenaza con complicar las relaciones estratégicas de New Delhi con socios occidentales, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, que con frecuencia compaginan sus vínculos bilaterales con compromisos públicos en materia de derechos humanos.

Más allá de la diplomacia exterior, el asunto repercute en millones de ciudadanos de a pie que buscan reparación a sus demandas socioeconómicas o políticas. En economías en desarrollo, la manifestación pública pacífica sigue siendo un instrumento indispensable para que las poblaciones marginadas —desde campesinos rurales y activistas medioambientales hasta minorías de casta y religiosas— expresen su disenso ante parlamentos municipales y nacionales. Si las fuerzas de seguridad actúan bajo una presunción de impunidad durante los operativos de control de masas, el pacto social que rige las relaciones entre civiles y policías se resquebraja, incrementando la probabilidad de un malestar civil más extendido.

## Antecedentes

Las tensiones entre organismos internacionales de derechos humanos y el gobierno de India respecto a la actuación policial en protestas obedecen a un patrón institucional consolidado. India ratificó el International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) en abril de 1979, lo que obliga al Estado a proteger la reunión pacífica en virtud del Artículo 21 y salvaguardar la libertad y la seguridad de la persona conforme al Artículo 9. Además, los estándares globales que regulan la conducta policial están delineados por los United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, adoptados en Havana en 1990. Estas directrices exigen que las autoridades recurran a medios no violentos antes de hacer uso de la fuerza, actúen con moderación, minimicen los daños y lesiones, y respeten la vida humana en toda circunstancia operativa.

En el plano interno, la gestión de multitudes en India ha operado históricamente bajo el Code of Criminal Procedure de 1973 —reemplazado en julio de 2024 por el Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS)—. Bajo estos marcos normativos, agentes de policía y magistrados ejecutivos gozan de amplia discrecionalidad para prohibir asambleas de cinco o más personas invocando órdenes de la Section 144 con el fin de prevenir presuntas alteraciones del orden público. En la práctica, defensores de derechos humanos han sostenido durante mucho tiempo que las autoridades ejecutivas aplican estas órdenes restrictivas de forma preventiva para frustrar protestas legítimas en lugar de gestionar emergencias reales de seguridad pública.

Durante la última década, varios movimientos de protesta multitudinarios en India han enfrentado una severa intervención policial, captando una intensa atención global. Durante las manifestaciones de 2019 y 2020 contra el Citizenship Amendment Act (CAA), organizaciones de derechos humanos documentaron extensas cargas de bastón, disparos de gases lacrimógenos en recintos educativos como Jamia Millia Islamia en New Delhi y miles de detenciones preventivas. De forma similar, durante las protestas agrarias de 2020 y 2021 contra proyectos de desregulación agrícola, las fuerzas de seguridad federales y estatales levantaron barricadas de hormigón, cavaron zanjas a lo largo de autopistas nacionales y emplearon cañones de agua contra convoyes de agricultores que avanzaban.

Históricamente, el Ministry of External Affairs en New Delhi ha rechazado los comentarios críticos de los titulares de mandatos de la ONU, calificando las declaraciones foráneas como interferencias injustificadas en asuntos internos. Los diplomáticos indios afirman con regularidad que el sólido poder judicial de la nación, sus medios de comunicación independientes y su aparato parlamentario democrático ofrecen mecanismos integrales para atender quejas internas sin supervisión del exterior. En debates previos ante el UN Human Rights Council durante los ciclos del Examen Periódico Universal, las delegaciones indias han insistido en que los agentes de seguridad actúan dentro de límites legales estrictos para preservar la estabilidad nacional, la integridad territorial y la armonía comunitaria.

## Reacciones

El llamamiento inmediato a una investigación ha renovado la presión sobre los ministerios del poder ejecutivo en New Delhi, si bien al momento de la publicación del despacho original de Reuters aún no se habían emitido réplicas públicas formales por parte del Ministry of External Affairs ni del Ministry of Home Affairs. Por tradición, el cuerpo diplomático indio responde a las comunicaciones de los Special Rapporteurs de la ONU mediante notas verbales formales, cuestionando de manera habitual la metodología, las fuentes y la imparcialidad de los relatores que opinan sobre asuntos internos de orden público.

Se prevé que coaliciones de libertades civiles, abogados de derechos humanos y grupos de interés público en India citen las conclusiones de la ONU en litigios en curso ante los High Courts estatales y la Supreme Court of India. Organizaciones de defensa legal ya han recurrido a normas internacionales para exigir el cumplimiento estricto de directrices internas sobre rendición de cuentas policial, como las órdenes vinculantes emitidas por la Supreme Court en el caso histórico de 2006 Prakash Singh sobre reforma policial y las pautas de 1997 D.K. Basu respecto a arrestos y custodia policial.

Organizaciones no gubernamentales internacionales, incluidas Amnesty International y Human Rights Watch, han secundado reiteradamente las valoraciones de los titulares de mandatos, instando a los socios democráticos de India a plantear el problema del abuso policial en las conversaciones bilaterales. Por el contrario, analistas políticos nacionalistas y figuras afines al gobierno desestiman de forma recurrente tales declaraciones internacionales, tachando a los expertos vinculados a la ONU de encontrarse desconectados de las complejidades operativas cotidianas para mantener la seguridad en las densamente pobladas urbes indias.

## Lo que aún no se sabe

Varios aspectos de fondo continúan sin aclararse tras la publicación inicial de las conclusiones de los expertos de la ONU. La información preliminar no especifica con exactitud qué protestas regionales, municipios o fechas motivaron la intervención de los expertos, dejando en el aire si el escrutinio se centra en marchas agrarias localizadas, movilizaciones estudiantiles en distritos universitarios metropolitanos o protestas comunitarias en zonas fronterizas. Por ende, tampoco se precisa el desglose jurisdiccional exacto entre las fuerzas paramilitares centrales —como la Central Reserve Police Force— y los cuerpos policiales bajo control estatal.

Asimismo, las informaciones no revelan el recuento verificado de manifestantes heridos, el porcentaje de hospitalizados ni el número exacto de participantes que permanecen en prisión preventiva. No se han hecho públicos balances oficiales de víctimas ni partes médicos junto a las declaraciones de los expertos. Por otra parte, se desconoce si los titulares de mandatos de la ONU recibieron respuestas oficiales de representantes del Estado indio a través de los canales de comunicación confidenciales que suelen preceder a las declaraciones públicas conjuntas.

## A qué prestar atención

De cara al futuro, diversos puntos clave señalarán si el llamamiento de la ONU incide en la actuación estatal o altera el curso diplomático. El acontecimiento prioritario al que dar seguimiento será la réplica formal del Ministry of External Affairs, que habitualmente esclarece si New Delhi abordará las acusaciones concretas o desestimará el comunicado calificándolo de comentario sesgado.

La atención se centrará también en la Supreme Court of India, que conserva competencia constitucional bajo el Artículo 32 para iniciar litigios de interés público suo motu o atender peticiones vinculadas a abusos policiales sistémicos y salvaguardas bajo custodia. Los analistas seguirán de cerca si algún tribunal superior estatal ordena investigaciones judiciales o de fiscalía sobre los operativos de dispersión locales específicos citados en los expedientes de derechos humanos.

Por último, habrá que estar atentos a las próximas sesiones del UN Human Rights Council en Geneva. Los diálogos previstos con los Special Rapporteurs sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, las ejecuciones extrajudiciales o la tortura brindarán foros oficiales donde los Estados miembros, entre ellos India y delegaciones internacionales, formularán declaraciones formales relativas al cumplimiento policial de las normas contempladas en los tratados.

Este artículo incluye información basada en revelaciones publicadas originalmente por Reuters.