El gasto en bienestar social del Reino Unido superó a la inversión en capital en 1,1 billones de libras en 20 años

Un informe publicado por el Centre for Social Justice revela que el gasto público del Reino Unido en pagos de bienestar social superó la inversión pública total en infraestructura, vivienda y tecnología en 1,1 billones de libras durante las últimas dos décadas. Según la información reportada por Christopher McKeon, el grupo de reflexión con sede en Londres argumentó que el gasto en prestaciones estatales ha funcionado como un "anestésico" que amortigua las zonas económicamente deprimidas mientras oculta el estancamiento estructural subyacente en toda la economía británica. El análisis pone de relieve un dilema fiscal persistente en la gobernanza del Reino Unido, donde la expansión de los pagos de transferencia para apoyar a los hogares de bajos ingresos, jubilados e individuos con problemas de salud ha superado de manera constante el gasto de capital diseñado para generar crecimiento económico a largo plazo.

## Datos clave

- El gasto del gobierno del Reino Unido en bienestar social superó el gasto público combinado en transporte, vivienda y tecnología en 1,1 billones de libras en un periodo de 20 años, según una investigación del Centre for Social Justice. - El Centre for Social Justice caracterizó el elevado gasto en bienestar social como un "anestésico" económico que adormeció a las comunidades con dificultades durante dos décadas de bajo crecimiento económico. - La seguridad social representa una de las mayores categorías individuales del gasto público británico, que abarca las pensiones estatales, el Universal Credit, las asignaciones por discapacidad y el apoyo infantil. - La inversión pública de capital en Gran Bretaña se ha situado históricamente por debajo de la media de los Estados miembros de la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). - La economía del Reino Unido ha experimentado un estancamiento prolongado de la productividad desde la crisis financiera mundial de 2008, lo que ha contribuido a una mayor dependencia de las transferencias fiscales para mantener el nivel de vida de los hogares.

## Qué ocurrió

Los hallazgos, detallados en un análisis del Centre for Social Justice (CSJ), evalúan la asignación de recursos públicos del Reino Unido durante dos décadas, comparando directamente el gasto de recursos en prestaciones de bienestar social con las inversiones de capital en infraestructura física y tecnológica. El estudio calculó que la brecha de gasto acumulada entre las transferencias de seguridad social y las inversiones en redes de transporte, construcción de viviendas y avances tecnológicos alcanzó los 1,1 billones de libras durante el periodo.

Según la información de Christopher McKeon, el CSJ afirmó que este desequilibrio refleja un fallo sistémico de las políticas públicas. En lugar de fomentar mejoras en la productividad mediante enlaces de transporte modernizados, una oferta de vivienda asequible y redes digitales, las sucesivas administraciones dependieron en gran medida de los pagos de prestaciones para mantener el nivel de vida en economías regionales estancadas. El grupo de reflexión argumentó que este modelo financiero proporcionó un colchón a corto plazo contra la privación, pero en última instancia sirvió como un "anestésico" que adormeció el impulso para realizar reformas económicas estructurales.

La investigación examina cómo los presupuestos estatales se han orientado hacia el gasto en consumo a expensas de la generación de capital. En el marco presupuestario del Reino Unido gestionado por el HM Treasury, el gasto público se divide entre los presupuestos operativos departamentales, el Gasto Gestionado Anualmente (Annually Managed Expenditure) —que incluye desembolsos de bienestar social impulsados por la demanda— y los límites de inversión de capital. El análisis del CSJ subraya cómo los compromisos automáticos de seguridad social se han expandido sistemáticamente, ocupando un espacio fiscal que de otro modo podría haberse dirigido a inversiones de capital capaces de elevar la producción económica a largo plazo.

## Por qué es importante

La brecha de gasto de 1,1 billones de libras pone de relieve los desafíos estructurales fundamentales a los que se enfrenta la gestión fiscal, la política fiscal y las estrategias de desarrollo regional en Gran Bretaña. En la gestión macroeconómica moderna, la inversión de capital en transporte, infraestructura verde, vivienda y tecnología se considera el principal motor del crecimiento de la productividad. Una mayor productividad eleva los salarios y amplía la base imponible, creando ingresos públicos sostenibles. Por el contrario, las transferencias de bienestar social redistribuyen la riqueza existente para prevenir la pobreza, pero no amplían por sí solas la capacidad productiva de la economía.

Cuando los recursos públicos priorizan el gasto en la red de seguridad social por encima de las inversiones de capital, las disparidades económicas regionales suelen persistir. En el Reino Unido, las ciudades postindustriales y las antiguas regiones industriales han sufrido décadas de desinversión en conectividad física y oportunidades de empleo localizadas. Aunque los pagos de prestaciones evitan la privación extrema, no reemplazan a las industrias perdidas ni crean oportunidades de empleo cualificado. Por consiguiente, estas regiones corren el riesgo de caer en un ciclo de dependencia económica permanente, donde la baja productividad exige un elevado gasto en prestaciones que, a su vez, consume ingresos gubernamentales que de otro modo podrían construir infraestructuras esenciales.

Además, el desequilibrio plantea serios desafíos para el HM Treasury en su intento de cumplir con estrictas reglas fiscales que rigen la deuda pública. Ante las proyecciones de aumento en las prestaciones de salud y las pensiones estatales debido al envejecimiento demográfico y al incremento de enfermedades de larga duración, los compromisos en materia de bienestar amenazan con desplazar aún más los presupuestos de capital, lo que obligará a tomar decisiones difíciles entre subir impuestos, recortar servicios públicos o reducir el nivel de las prestaciones.

## Los antecedentes

El Centre for Social Justice fue fundado en 2004 por el exlíder del Conservative Party, Iain Duncan Smith, para abordar la descomposición social y la pobreza en Gran Bretaña. El grupo de reflexión desempeñó un papel fundamental en el diseño de Universal Credit, la emblemática reforma del bienestar introducida durante el gobierno de coalición de 2010–2015 para consolidar las prestaciones para la población en edad de trabajar en un único pago mensual y reforzar los incentivos para trabajar.

Durante las últimas dos décadas, la política económica británica se ha visto moldeada por importantes perturbaciones tanto externas como internas. La crisis financiera mundial de 2008 causó una profunda recesión, lo que impulsó políticas de consolidación fiscal en 2010. Durante esa época, el gasto en inversión de capital se redujo repetidamente para cumplir los objetivos de reducción del déficit, mientras que los derechos legales como la State Pension se mantuvieron protegidos mediante mecanismos como el "triple lock" —que garantiza incrementos anuales de las pensiones alineados con la inflación, el crecimiento del salario medio o el 2,5 por ciento, la cifra que sea más alta—.

Los shocks posteriores, incluida la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la pandemia de COVID-19 y el repunte de los precios de la energía en 2022, ejercieron una mayor presión sobre las finanzas públicas. Tras la pandemia, el Reino Unido experimentó un notable aumento de la inactividad económica entre los adultos en edad de trabajar, impulsado en gran medida por enfermedades de larga duración y condiciones de salud mental, lo que elevó el gasto en prestaciones por discapacidad como el Personal Independence Payment.

Los datos de la OECD indican que la formación bruta de capital fijo del sector público del Reino Unido ha promediado sistemáticamente niveles inferiores a los de otras naciones del G7 durante los últimos 30 años. Este nivel persistentemente bajo de inversión de capital ha coincidido con un periodo prolongado de tenue crecimiento de la productividad laboral en la economía británica.

## Reacciones

El informe del CSJ llega en medio de un debate nacional en curso sobre las estrategias de crecimiento económico y la reforma del bienestar social. Si bien los autores del estudio enfatizan que la reforma del Estado de bienestar debe combinarse con una inversión decidida en infraestructura, los partidos políticos y los analistas económicos sostienen perspectivas divergentes sobre cómo resolver el desequilibrio de financiación.

Los analistas conservadores y los comentaristas de libre mercado citan con frecuencia la creciente factura del bienestar social como prueba de un Estado en expansión que desincentiva el trabajo y tensiona el endeudamiento público. Argumentan que endurecer los criterios de elegibilidad para los pagos por enfermedad y discapacidad es esencial para controlar el gasto en derechos sociales y liberar capital para la inversión pública.

Por el contrario, los grupos de defensa contra la pobreza, los sindicatos y los expertos en política social sostienen que plantear el gasto en bienestar social como algo opuesto a la inversión en infraestructura presenta una falsa dicotomía. Afirman que los pagos de prestaciones son esenciales para amortiguar el impacto en los hogares vulnerables frente a los altos costes de la vivienda, el bajo crecimiento salarial y los servicios de salud pública insuficientemente financiados. Organizaciones como la Joseph Rowntree Foundation han señalado que la pobreza supone una gran carga para los servicios públicos, y que reducir el apoyo social sin abordar los bajos salarios corre el riesgo de aumentar las dificultades económicas.

El HM Treasury se enfrenta a presiones de ambas partes. Los ministros destacan la importancia de impulsar el crecimiento económico mediante proyectos de capital, pero las instituciones fiscales como la Office for Budget Responsibility advierten que las presiones demográficas seguirán ejerciendo un impulso al alza sobre el gasto en bienestar social, lo que limitará los fondos de capital disponibles.

## Lo que aún no se sabe

Aunque la cifra de 1,1 billones de libras citada por el Centre for Social Justice ilustra una marcada diferencia acumulada, varios detalles analíticos siguen sin cuantificarse en los informes iniciales. El desglose preciso del gasto año por año y la metodología matemática exacta utilizada por el CSJ para categorizar el gasto de capital frente al gasto de recursos en los distintos departamentos gubernamentales no se han detallado por completo en los resúmenes públicos.

Además, no está claro qué parte de la brecha de gasto fue resultado de aumentos legales obligatorios —como los incrementos de las pensiones estatales vinculados a la inflación— frente a decisiones discrecionales de política de bienestar social. Tampoco se sabe si el análisis del CSJ contempla un escenario contrafáctico que demuestre qué tan superior sería hoy la productividad económica del Reino Unido si una porción específica de esos 1,1 billones de libras se hubiera redirigido hacia la vivienda, el transporte y la tecnología durante los últimos 20 años.

De manera fundamental, el informe no detalla cómo los futuros gobiernos podrían reasignar en la práctica el gasto de la seguridad social a la infraestructura sin vulnerar los compromisos legales existentes o causar dificultades financieras inmediatas a los beneficiarios de prestaciones que dependen de las transferencias estatales.

## A qué estar atentos

Para evaluar cómo los responsables de las políticas abordan las prioridades fiscales identificadas en el informe del CSJ, se debe hacer un seguimiento de varios acontecimientos clave:

- Declaraciones fiscales del Treasury: Los próximos anuncios del presupuesto revelarán si los ministros ajustan el equilibrio entre las asignaciones de inversión de capital y el gasto en seguridad social. - Propuestas de política de bienestar social: Las iniciativas del Department for Work and Pensions relativas a las prestaciones por enfermedad y discapacidad, incluidas las posibles modificaciones del Personal Independence Payment, indicarán la estrategia del gobierno para controlar el crecimiento del gasto en prestaciones. - Previsiones económicas de la OBR: Los informes periódicos de perspectivas de la Office for Budget Responsibility proporcionarán proyecciones oficiales actualizadas sobre la inversión neta del sector público y los compromisos de gasto en bienestar social a largo plazo. - Avances en infraestructura: Las actualizaciones oficiales sobre el progreso de los proyectos nacionales de infraestructura, las mejoras de transporte y los objetivos de vivienda municipal indicarán si la inversión de capital se está expandiendo en la práctica. - Datos del mercado laboral: Las estadísticas mensuales de empleo e inactividad económica publicadas por la Office for National Statistics servirán como métrica clave para determinar si las políticas de incentivo al trabajo están reduciendo la dependencia del bienestar social.

Este informe se basa en el trabajo periodístico original de Christopher McKeon.