El Reino Unido y su red offshore, vinculados a 8.000 millones de euros en pérdidas anuales del impuesto de sociedades de la UE, según un estudio

Los Estados miembros de la Unión Europea pierden cerca de 60.000 millones de euros cada año debido al traslado transfronterizo de beneficios empresariales, y aproximadamente 8.000 millones de euros de esas pérdidas están vinculados directamente al Reino Unido y a su red satélite de centros financieros offshore, según un análisis de la organización de investigación y defensa Tax Justice Network. Los datos subrayan una arraigada paradoja estructural en la fiscalidad global: mientras que las jurisdicciones británicas funcionan como un conducto primordial para desviar ingresos de las haciendas públicas europeas, el propio Reino Unido se sitúa entre los mayores perdedores netos a nivel mundial a causa de la elusión fiscal de las multinacionales.

## Datos clave

- Los países miembros de la Unión Europea pierden unos 60.000 millones de euros anuales debido a que las corporaciones multinacionales trasladan beneficios imponibles fuera de los mercados nacionales. - Aproximadamente 8.000 millones de euros de las pérdidas fiscales anuales de la UE están vinculados directamente al Reino Unido y a su red asociada de jurisdicciones offshore, según Tax Justice Network. - El Reino Unido figura simultáneamente entre los países que sufren las mayores pérdidas fiscales agregadas por elusión tributaria internacional en todo el mundo. - La investigación mide el traslado de beneficios empresariales, un mecanismo a través del cual las entidades comerciales canalizan artificialmente ingresos hacia regímenes de tributación baja o nula para reducir sus obligaciones fiscales nacionales. - Las conclusiones se conocen en un momento en que organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), intentan aplicar medidas coordinadas contra la elusión, incluido un tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades.

## Qué sucedió

Según una información de Servet Yanatma, nuevos cálculos de Tax Justice Network indican que la Unión Europea sigue sufriendo una profunda erosión de su base imponible del impuesto de sociedades, perdiendo cerca de 60.000 millones de euros en ingresos potenciales anuales ante las estrategias multinacionales de asignación de beneficios. De ese total, aproximadamente 8.000 millones de euros se atribuyen al Reino Unido y a los centros financieros offshore que operan bajo la Corona británica.

El traslado de beneficios corporativos implica mover ganancias generadas en jurisdicciones de alta tributación —donde se producen la actividad económica real, las ventas y el empleo— hacia filiales situadas en jurisdicciones con regímenes impositivos nominales o nulos sobre las sociedades. Estas transferencias suelen ejecutarse mediante transacciones intragrupo, incluidos pagos de cánones por propiedad intelectual, honorarios por consultoría de gestión, préstamos corporativos transfronterizos con tipos de interés inflados y estructuras especializadas de precios de transferencia. Aunque las transacciones subyacentes están diseñadas para cumplir con los marcos legales vigentes, su función principal es reducir la carga fiscal en las jurisdicciones donde se consumen los productos y servicios.

En la evaluación de Tax Justice Network, la infraestructura financiera del Reino Unido no opera de forma aislada. Más bien, funciona en el centro de una red interconectada de servicios corporativos que engloba la City of London junto con las Dependencias de la Corona —que comprenden Jersey, Guernsey y la Isla de Man— y los Territorios Británicos de Ultramar, en particular las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y Bermudas. Esta red proporciona estructuras legales, disposiciones de secreto societario, fideicomisos y regímenes especializados de tenencia de inversiones que facilitan el desvío de capital corporativo lejos de los tesoros soberanos, incluidos los de los 27 Estados miembros de la UE.

Al mismo tiempo, los datos ilustran que el sistema fiscal interno del Reino Unido sigue siendo altamente vulnerable a las mismas prácticas que facilita su jurisdicción más amplia. Las empresas multinacionales desvían sistemáticamente beneficios de Gran Bretaña continental hacia otros centros de baja tributación en Europa, el Caribe y Asia, afianzando la posición del Reino Unido entre las naciones que sufren los mayores perjuicios financieros brutos por las maniobras fiscales internacionales.

## Por qué es importante

La sangría anual de 60.000 millones de euros de las arcas públicas de la Unión Europea representa un drenaje estructural sobre los presupuestos soberanos en un momento de severa restricción fiscal en todo el continente. Para las autoridades del sector público, los ingresos del impuesto de sociedades proporcionan una financiación vital no basada en deuda para los sistemas sanitarios, las redes de transporte, las inversiones en defensa, la infraestructura educativa y la transición multimillonaria hacia redes energéticas descarbonizadas. Cuando las empresas multinacionales minimizan sus contribuciones fiscales mediante el reencauzamiento financiero, los gobiernos se enfrentan a un dilema fiscal de suma cero: recortar el gasto legal, aumentar el endeudamiento en los mercados de bonos soberanos o compensar los déficits trasladando una mayor carga tributaria a bases imponibles inmóviles, principalmente el trabajo nacional y los impuestos sobre el consumo como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Más allá de los déficits presupuestarios inmediatos, el traslado sistémico de beneficios empresariales distorsiona la competencia económica y deteriora la equidad del mercado. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) —que representan la gran mayoría del empleo privado en la UE— rara vez poseen la presencia transfronteriza, la maquinaria legal o los recursos de capital necesarios para mantener estructuras de mitigación fiscal multijurisdiccionales. En consecuencia, las empresas nacionales a menudo pagan tipos nominales del impuesto de sociedades que oscilan entre el 15% y más del 30%, mientras que los competidores multinacionales recurren a entidades instrumentales para lograr tipos impositivos efectivos en cifras de un solo dígito bajo. Esta disparidad estructural reprime la competencia empresarial nacional, concentra la cuota de mercado en conglomerados multinacionales y socava la confianza de los ciudadanos en la justicia e integridad de los sistemas tributarios nacionales.

Para el Reino Unido, la doble condición de facilitador fundamental y víctima primordial del desvío internacional de beneficios pone de relieve las contradicciones internas de su modelo económico posimperial. Mientras la City of London y sus satélites offshore captan comisiones por administración, estructuración legal y servicios de gestión de activos, el Tesoro británico pierde miles de millones de libras en gravámenes corporativos directos, lo que agrava los déficits presupuestarios internos.

## Contexto

Los esfuerzos por vigilar la elusión fiscal multinacional han supuesto un desafío para los gobiernos soberanos desde los inicios de la fiscalidad corporativa transfronteriza a principios del siglo XX. Durante décadas, el derecho fiscal internacional se basó en tratados bilaterales de doble imposición fundamentados en normas concebidas originalmente por la Sociedad de Naciones. Estos tratados se diseñaron principalmente para evitar someter los beneficios empresariales a múltiples gravámenes nacionales, operando bajo la presunción de que las transacciones entre filiales vinculadas reflejarían transacciones independientes realizadas en condiciones de plena competencia.

Con la expansión del comercio digital, la valoración de la propiedad intelectual y los sectores de servicios financiarizados en las últimas tres décadas, a las empresas multinacionales les resultó cada vez más sencillo reubicar activos intangibles generadores de beneficios —como algoritmos, marcas registradas y patentes— en jurisdicciones de baja tributación, con independencia del lugar donde estuvieran ubicados los ingenieros de software, las fábricas o los consumidores finales.

En respuesta al creciente escrutinio público tras la crisis financiera mundial de 2008, el G20 encomendó a la OECD la creación de la iniciativa contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS) en 2013. El programa dio lugar a 15 medidas de acción específicas destinadas a frenar los precios de transferencia agresivos, exigir la presentación de informes corporativos país por país ante las autoridades fiscales y eliminar los mecanismos híbridos asimétricos. En octubre de 2021, una coalición ampliada de casi 140 jurisdicciones en el Marco Inclusivo de la OECD/G20 acordó un histórico paquete de reformas de dos pilares. El Pilar Uno tenía como objetivo reasignar los derechos de tributación sobre las mayores multinacionales a los países de mercado, mientras que el Pilar Dos instauró un tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades para empresas multinacionales con ingresos consolidados anuales superiores a 750 millones de euros.

La Unión Europea tomó medidas tempranas para codificar estos principios a través de sucesivas Directivas contra la Elusión Fiscal (ATAD 1 y ATAD 2) y adoptó formalmente la Directiva sobre la Imposición Mínima de la UE en diciembre de 2022 para transponer el marco del 15% del Pilar Dos al ordenamiento jurídico de los Estados miembros a partir de 2024. Además, la Comisión Europea estableció la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales, conocida comúnmente como la lista negra de paraísos fiscales. Sin embargo, las políticas antielusión de la UE se han enfrentado históricamente a trabas institucionales: las medidas fiscales en el seno del Consejo de la Unión Europea exigen la unanimidad de todos los Estados miembros, lo que otorga a las jurisdicciones individuales de baja tributación de la UE derecho de veto legislativo sobre normas fiscales armonizadas vinculantes.

## Reacciones

Las conclusiones atraerán de inmediato la atención de grupos de defensa de las finanzas públicas, comisiones fiscales legislativas y observadores internacionales de la transparencia. Organizaciones cívicas como Tax Justice Network han sostenido durante mucho tiempo que el cumplimiento voluntario y las reformas fragmentarias son inadecuados, y defienden en su lugar sistemas de imposición unitaria en los que las empresas multinacionales tributen como entidades globales únicas, con beneficios corporativos prorrateados entre los países sobre la base de fórmulas que midan ventas, activos y plantillas.

En los pasillos legislativos europeos, se espera que los datos aviven el debate en la Subcomisión de Asuntos Fiscales (FISC) y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo. Los legisladores que presionan para lograr medidas más estrictas contra la elusión instan habitualmente a la Comisión Europea a confrontar a los centros financieros offshore que mantienen estrechos vínculos con socios vecinos ajenos a la UE. En el Consejo de la Unión Europea, las cifras proporcionan una base de apoyo para las jurisdicciones con mayor presión fiscal que buscan acelerar la aplicación de medidas fiscales defensivas frente a jurisdicciones de terceros países no cooperativas.

Por el contrario, los organismos representativos de la industria británica de servicios financieros y los sectores jurídicos offshore defienden sistemáticamente sus prácticas. Las asociaciones sectoriales de las Dependencias de la Corona y los Territorios Británicos de Ultramar sostienen que sus jurisdicciones operan en pleno cumplimiento de las normas regulatorias internacionales, intercambian datos fiscales de manera automática con arreglo al Common Reporting Standard (CRS) de la OECD y no deben ser catalogadas erróneamente como conductos para flujos financieros ilícitos. Sus representantes oficiales suelen enfatizar que los centros offshore aportan una liquidez global vital, respaldan la inversión extranjera directa y operan dentro de los márgenes del derecho internacional.

## Lo que aún no se sabe

Si bien las cifras principales establecen la magnitud general de las pérdidas de ingresos, los detalles significativos sobre la metodología subyacente y la distribución continúan sin especificarse en el informe inicial. El resumen facilitado por Servet Yanatma no detalla el desglose exacto de las pérdidas sufridas por cada Estado miembro de la UE, lo que deja sin aclarar si las principales economías europeas —como Alemania, Francia e Italia— absorben la mayor parte de la fuga de 8.000 millones de euros vinculada al Reino Unido, o si los Estados miembros más pequeños sufren pérdidas desproporcionadas en términos per cápita.

Además, la información inicial no precisa qué sectores corporativos específicos —como la tecnología de consumo, las patentes farmacéuticas, los combustibles fósiles o el comercio minorista transfronterizo— concentran las mayores cuotas de capital desviado. De manera crucial, queda por verificar hasta qué punto estas estimaciones reflejan comportamientos corporativos posteriores a la entrada en vigor del impuesto de sociedades mínimo del 15% del Pilar Dos, cuya aplicación gradual comenzó en las jurisdicciones europeas y el Reino Unido en 2024. Dado que las declaraciones del impuesto de sociedades y las auditorías administrativas oficiales suelen experimentar desfases de información de dos a tres años, las estimaciones actuales reflejan a menudo dinámicas estructurales anteriores a la plena aplicación de los estándares internacionales más recientes.

## Aspectos a seguir

Varios hitos políticos y revisiones regulatorias clave en los próximos meses determinarán si los gobiernos consiguen frenar la sangría fiscal documentada por Tax Justice Network. El más destacado es la publicación de auditorías integrales de ingresos nacionales que examinen el impacto operativo del régimen fiscal mínimo del Pilar Dos de la OECD tanto en la UE como en el Reino Unido. Los analistas buscarán pruebas concretas que demuestren si el tipo mínimo global del 15% ha reducido de forma apreciable el traslado transfronterizo de beneficios o si simplemente ha empujado a las corporaciones a reestructurar activos intangibles mediante mecanismos contables alternativos.

En el ámbito de la Unión Europea, los observadores deberán prestar atención a las próximas revisiones de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas por parte del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas). Aunque los Territorios Británicos de Ultramar se han enfrentado periódicamente al escrutinio de Bruselas, las consideraciones políticas y diplomáticas a menudo los han protegido de su inclusión directa en listas negras punitivas. Cualquier nuevo impulso de los legisladores europeos para imponer retenciones fiscales o denegar ventajas derivadas de tratados a transacciones canalizadas a través de territorios offshore británicos supondría una escalada significativa en las fricciones financieras posteriores al Brexit.

Por último, los acontecimientos en el Parlamento británico exigen una estrecha atención. Los legisladores de Westminster continúan sometidos a una constante presión interna e internacional para exigir registros de titularidad real accesibles al público en todos los Territorios Británicos de Ultramar. Los avances en estos registros estatutarios, junto con el diálogo financiero bilateral en el marco del Trade and Cooperation Agreement (TCA) entre la UE y el Reino Unido, indicarán si Londres y Bruselas profundizarán la colaboración administrativa contra la erosión de la base imponible o si permitirán que persista la competencia fiscal a ambos lados del canal de la Mancha.

Este artículo incluye información publicada originalmente por Servet Yanatma.