El DOJ advierte a trabajadores electorales de California de posible responsabilidad penal por boletas en las elecciones intermedias

WASHINGTON — El United States Department of Justice ha advertido a los funcionarios electorales locales de California que procesar o tabular boletas emitidas por personas sospechosas de no tener la ciudadanía estadounidense podría exponer a los administradores a investigaciones penales federales y a un procesamiento judicial. La advertencia, emitida semanas antes de las elecciones intermedias de noviembre, marca una escalada significativa en el conflicto en curso del gobierno federal con las autoridades estatales sobre la verificación de la elegibilidad de los votantes y la administración de los comicios federales. Al dirigirse directamente a los trabajadores electorales municipales y de condado en lugar de a los votantes individuales, las autoridades federales han introducido un nivel sin precedentes de riesgo legal en la mecánica habitual de escrutinio y certificación de los resultados electorales.

## Datos clave

- El Department of Justice emitió una advertencia alertando a los administradores electorales de California de que manipular boletas presentadas por presuntos no ciudadanos podría desencadenar responsabilidad penal federal. - La directriz llega a menos de un mes de las elecciones legislativas de mitad de período de noviembre en todo el país, en las que se decidirá el control de la U.S. House of Representatives y cargos estatales clave. - La ley federal en virtud del 18 U.S.C. § 611 prohíbe estrictamente que los no ciudadanos voten en elecciones federales desde la aprobación del Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act de 1996. - California opera bajo normas universales de votación por correo, lo que exige a los registradores de condado enviar boletas a todos los votantes registrados activos y establecer juntas locales de escrutinio para procesarlas. - La iniciativa federal coloca a los secretarios de condado y a los trabajadores electorales en medio de mandatos contrapuestos entre la legislación electoral estatal y las amenazas de persecución penal federal.

## Qué sucedió

Funcionarios de justicia federales mostraron una postura de aplicación rigurosa dirigida a la infraestructura de administración electoral local en todo California, según informes de PBS. En comunicaciones dirigidas a los aparatos electorales estatales y de condado, las autoridades federales afirmaron que los trabajadores electorales que tramiten, procesen o certifiquen a sabiendas boletas presentadas por personas cuyo estatus de ciudadanía permanezca sin resolver o en disputa podrían ser objeto de una investigación penal federal.

Según los procedimientos operativos habituales, los registradores de votantes de condado y las juntas locales de escrutinio supervisan la recepción, la verificación de firmas y el escaneo de las boletas devueltas por correo, buzón o en persona en los centros de votación. La advertencia federal se enfoca específicamente en la etapa de administración electoral en la que las boletas son revisadas e incorporadas a los circuitos de tabulación. Al calificar el procesamiento de boletas impugnadas como una posible participación en un acto ilegal, el Department of Justice ha alterado el límite tradicional entre la administración electoral civil ordinaria y la persecución penal por asociación delictuosa.

Los funcionarios electorales de California, que operan bajo un sistema descentralizado en 58 condados, tienen la obligación legal impuesta por el código electoral estatal de procesar toda boleta regular y provisional que cumpla con los requisitos legales de firma y plazos. Los secretarios de condado no disponen de acceso independiente a bases de datos federales de inmigración durante el período estándar de escrutinio, ni los estatutos estatales autorizan a las juntas electorales municipales a descalificar de forma sumaria a los votantes basándose en sospechas externas sin procedimientos establecidos de impugnación administrativa. La notificación federal ha enfrentado de hecho a estos trabajadores a un conflicto entre sus deberes estatutarios estatales y un eventual procesamiento penal federal.

## Por qué es importante

La advertencia del Department of Justice introduce una fricción estructural en la administración de las elecciones estadounidenses al enfocar los mecanismos de persecución penal directamente sobre funcionarios de carrera y trabajadores electorales temporales. Durante décadas, la aplicación de los estatutos electorales federales se ha centrado de manera casi exclusiva en votantes individuales que emiten a sabiendas votos ilegales, o en la supresión sistémica del voto y violaciones de derechos civiles investigadas bajo la Voting Rights Act de 1965. Desviar ese foco de investigación hacia los trabajadores electorales de primera línea entraña el riesgo de desarticular el aparato administrativo necesario para certificar los resultados de manera oportuna y ordenada.

A nivel práctico, los trabajadores electorales que afrontan la posibilidad de una citación federal, el escrutinio de un gran jurado o una acusación formal por delito grave podrían modificar el modo en que gestionan las boletas provisionales o los registros señalados por grupos de activistas privados. Si los encargados del escrutinio local dudan en contar boletas válidas por temor a su propia responsabilidad legal, un número significativo de ciudadanos legalmente elegibles podría verse privado del derecho al voto. Por el contrario, si los trabajadores electorales rechazan las advertencias federales y siguen los mandatos estatales, el período postelectoral podría verse dominado por citaciones federales, batallas judiciales y demoras en la certificación de distritos del Congreso estrechamente disputados en California, que con frecuencia determinan la mayoría en la U.S. House of Representatives. Además, la amenaza de persecución judicial desata una crisis inmediata de reclutamiento y retención para las oficinas electorales locales, que ya sufren una escasez generalizada de personal y persistentes amenazas de hostigamiento político.

## Contexto

El sufragio de no ciudadanos en elecciones federales está explícitamente prohibido bajo estatuto federal desde 1996, cuando el Congreso aprobó el Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act. Codificada en 18 U.S.C. § 611, la ley tipifica como delito federal que cualquier extranjero vote en una elección celebrada con el propósito de elegir a un elector presidencial, senador o representante, estableciendo penas de multa y hasta un año de prisión, así como la deportación automática y la inadmisibilidad bajo la ley de inmigración. Disposiciones paralelas de la National Voter Registration Act of 1993 (NVRA) exigen que quienes soliciten el registro de votantes en todo el país firmen una declaración bajo pena de perjurio que certifique que son ciudadanos de Estados Unidos.

A pesar de estas restricciones legales de larga data, los debates sobre la integridad del padrón electoral se han intensificado a nivel nacional en los últimos años. En California, la política estatal se ha orientado constantemente hacia la ampliación del acceso al registro y al sufragio. Bajo la Assembly Bill 60, aprobada en 2013, el estado permite que los residentes indocumentados obtengan licencias de conducir especializadas, mientras que el California New Motor Voter Program, implementado en 2018, registra de forma automática a ciudadanos elegibles que obtienen o renuevan sus licencias a través del Department of Motor Vehicles. Aunque las autoridades estatales han reiterado que los titulares de licencias no ciudadanos están estrictamente separados de las bases de datos de registro automático, grupos defensores conservadores y críticos federales han sostenido repetidamente que las salvaguardias estatales resultan insuficientes.

Numerosos estudios académicos, auditorías estatales y revisiones de investigación llevadas a cabo por organizaciones apartidistas, entre ellas el Brennan Center for Justice y la Government Accountability Office, han demostrado con consistencia que el voto de no ciudadanos en elecciones federales es sumamente infrecuente. Los casos en que los no ciudadanos se registran suelen derivar de confusiones administrativas en los formularios de registro y no de fraudes coordinados. No obstante, los líderes políticos federales han enfocado crecientemente la participación de no ciudadanos como un punto central de confrontación, buscando facultades más amplias para examinar los padrones de votantes estatales y sancionar a los administradores electorales que se resistan a la supervisión federal.

## Reacciones

La advertencia generó inquietud inmediata en los ámbitos legal, administrativo y político. Si bien los fiscales federales han defendido la iniciativa como una aplicación necesaria de la autoridad federal para preservar la integridad electoral y disuadir los votos ilícitos, especialistas en derecho electoral y organizaciones de libertades civiles han calificado la medida como un intento de intimidar a los trabajadores electorales locales.

Los líderes del estado de California, incluidos el Secretary of State y el State Attorney General, han resistido históricamente las intromisiones federales en las facultades constitucionalmente protegidas del estado para administrar los comicios. Se espera que las autoridades electorales del estado emitan directrices formales para tranquilizar a los registradores de condado respecto a que el cumplimiento de los deberes reglamentarios en virtud de la ley de California sigue siendo obligatorio y está protegido por la ley. En conflictos de jurisdicción anteriores, las autoridades estatales han argumentado que la Décima Enmienda y el Artículo I, Sección 4 de la Constitución de EE. UU. otorgan a los estados el poder primordial de regular las horas, lugares y la manera de celebrar elecciones, impidiendo que las agencias federales dicten el procesamiento mecánico de boletas individuales sin una autorización legal definitiva.

Asociaciones profesionales que representan a secretarios, registradores y funcionarios electorales de condado también han manifestado su alarma en relación con la protección de los trabajadores. Los administradores han señalado que el personal de los condados está capacitado para realizar controles de verificación estatutarios, como el cotejo de firmas y la depuración de registros de fallecimiento, pero carece de las herramientas, la potestad legal y el entrenamiento necesarios para dirimir el estatus migratorio federal en el recinto electoral o en la instancia de escrutinio.

## Lo que aún no se sabe

Los detalles legales y operativos fundamentales sobre la directriz del Justice Department permanecen sin verificar. El gobierno federal no ha definido públicamente qué criterios específicos o umbrales de prueba determinan a un "sospechoso de no ser ciudadano". Sigue sin estar claro si los fiscales federales pretenden suministrar a los secretarios de condado listas específicas de personas señaladas obtenidas de bases de datos federales, como el programa Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) del Department of Homeland Security, o si la advertencia se apoya en impugnaciones externas presentadas por grupos políticos de terceros.

Asimismo, los estatutos penales precisos que el Department of Justice pretende invocar contra los trabajadores electorales siguen siendo ambiguos. Observadores jurídicos cuestionan si los fiscales recurrirían a estatutos generales de asociación delictuosa, como el 18 U.S.C. § 371, o si intentarían aplicar tesis de complicidad bajo el 18 U.S.C. § 2. Hasta que los fiscales federales no presenten mociones judiciales formales o emitan memorandos jurídicos detallados, el alcance con el que el gobierno piensa promover cargos penales contra trabajadores que se limitan a cumplir con los plazos de escrutinio estatal sigue siendo un interrogante de peso sin resolver.

## A qué prestar atención

En el período previo inmediato a los comicios, los observadores deberán prestar atención a eventuales litigios de emergencia. Autoridades estatales de California o gobiernos de los condados podrían interponer demandas preventivas en cortes federales de distrito solicitando órdenes de restricción temporal o sentencias declaratorias para bloquear la ejecución de las advertencias del Department of Justice contra los administradores electorales.

La atención también se centrará en el modo en que los registradores individuales de condado en jurisdicciones grandes, como los condados de Los Angeles, Orange y San Diego, instruyan a su personal para procesar boletas provisionales o impugnadas. Cualquier memorando interno de pautas distribuido a las juntas de escrutinio ofrecerá indicios sobre si las agencias locales planean alterar sus calendarios de tabulación o sus protocolos de impugnación.

Por último, el período de escrutinio posterior a la votación, que en California se prolonga durante 30 días después de la jornada electoral para garantizar el conteo de todas las boletas por correo, servirá como el principal campo de prueba. Si el Department of Justice despliega observadores electorales federales o emite citaciones de gran jurado para incautar boletas no contabilizadas o archivos de registro durante ese lapso de 30 días, se desencadenará un choque constitucional directo entre las fuerzas de seguridad federales y la administración electoral estatal.

Este informe se basa en la cobertura original de PBS.