El Departamento de Justicia respalda a OpenAI en un litigio histórico sobre derechos de autor con The Intercept

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha intervenido formalmente en una demanda federal de derechos de autor de gran trascendencia, presentando un escrito legal en favor de la compañía de inteligencia artificial OpenAI frente a la publicación digital de noticias The Intercept y otras organizaciones de medios, según la información de Noah Hurowitz. La presentación, interpuesta ante un tribunal federal, insta a los jueces a rechazar las alegaciones de los editores de que el entrenamiento de modelos de IA generativa con artículos periodísticos protegidos por derechos de autor constituye un robo ilícito de propiedad intelectual. Al adoptar una postura directa de apoyo a OpenAI, el poder ejecutivo ha dejado ver una preferencia política hacia un amplio margen de maniobra tecnológico, argumentando que restringir el acceso de las empresas de IA al texto disponible públicamente podría socavar la competitividad y el crecimiento del sector tecnológico estadounidense.

## Hechos clave - El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó un escrito de amicus curiae en apoyo a OpenAI en una demanda federal sobre derechos de autor entablada por la organización de noticias The Intercept y otros editores demandantes. - El escrito del gobierno sostiene que utilizar artículos digitales publicados para entrenar grandes modelos de lenguaje no constituye una infracción de derechos de autor según la ley federal. - The Intercept y el resto de los medios demandantes sostienen que OpenAI reprodujo e ingirió su periodismo propietario sin permiso, licencia ni compensación económica. - La presentación representa una postura política decisiva de la administración Trump sobre cómo se aplican los estatutos federales de derechos de autor a las tecnologías de inteligencia artificial generativa. - El litigio se enmarca en una ola más amplia de demandas federales que evalúan si el proceso de entrenamiento del aprendizaje automático queda cubierto por las protecciones legales del uso justo.

## Qué ocurrió El 2 de septiembre de 2026, el Departamento de Justicia se incorporó a la batalla legal entre OpenAI y los editores digitales al presentar una solicitud formal ante un tribunal federal que respalda la postura del desarrollador de IA, según informó Noah Hurowitz. La acción judicial responde directamente a las reclamaciones presentadas por The Intercept y plataformas de medios digitales afines, que acusaron a OpenAI de rastrear, copiar y procesar sistemáticamente miles de artículos de noticias protegidos por derechos de autor para construir y perfeccionar sus sistemas de IA generativa.

En sus escritos iniciales, las organizaciones de noticias alegaron que OpenAI obtuvo un valor comercial sustancial de su cobertura periodística original obviando los acuerdos de licencia tradicionales. Los medios demandantes argumentaron que utilizar material periodístico propio para entrenar sistemas de IA competidores devalúa la obra publicada, desplaza el tráfico web y amenaza la viabilidad económica del periodismo de investigación.

El escrito del Departamento de Justicia rebate esos argumentos solicitando al tribunal que falle a favor de OpenAI. El gobierno argumentó que la ingestión automatizada de texto público para el aprendizaje automático cumple un propósito transformador en lugar de una simple duplicación de contenidos. Según el escrito, imponer la responsabilidad por derechos de autor a los desarrolladores de IA por ingerir texto digital frenaría la innovación tecnológica y crearía fricciones legales para la infraestructura tecnológica general del país. La administración instó al juez presidente a interpretar la legislación federal vigente sobre derechos de autor de modo que permita a los desarrolladores de IA seguir entrenando programas avanzados con materiales digitales accesibles al público.

## Por qué es importante La intervención del Departamento de Justicia marca una coyuntura crítica en el conflicto entre los creadores de contenido y la industria de la inteligencia artificial. Al tomar partido en un litigio entre partes privadas, el poder ejecutivo busca influir en la interpretación judicial de los estándares federales de derechos de autor en un momento en que las empresas tecnológicas y las compañías de medios se encuentran inmersas en negociaciones sobre las condiciones financieras de la economía digital.

Para las organizaciones de noticias, la postura del gobierno representa una amenaza directa para los modelos de licencias emergentes. Durante los últimos años, los editores digitales han dependido en gran medida de los ingresos por suscripciones, la sindicación directa y las licencias de contenidos para financiar sus redacciones. Si los tribunales federales adoptan la postura del Departamento de Justicia y declaran que el entrenamiento de modelos de IA está exento de reclamaciones por infracción de derechos de autor, las empresas de medios perderán una baza legal fundamental para negociar acuerdos comerciales de licencias con las plataformas tecnológicas. Sin ingresos por licencias ni amparo judicial, los editores sostienen que los sistemas de IA continuarán absorbiendo un periodismo costoso y elaborado por humanos para generar respuestas automatizadas que sustituyan directamente a las fuentes de noticias originales.

Por el contrario, para las empresas de inteligencia artificial, el respaldo del ejecutivo supone un importante impulso legal. El entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje actuales requiere petabytes de datos textuales, que van desde libros y enciclopedias digitalizadas hasta crónicas periodísticas diarias y foros de internet. Si los tribunales exigieran licencias explícitas o indemnizaciones por daños para cada fragmento de texto protegido por derechos de autor utilizado en las fases de entrenamiento, las empresas de IA podrían enfrentarse a responsabilidades legales por valor de miles de millones de dólares. El escrito del Departamento de Justicia subraya una estrategia industrial explícita que prioriza el dominio tecnológico nacional y el rápido desarrollo de la IA por encima del cumplimiento estricto de las demandas tradicionales de propiedad intelectual presentadas por los medios convencionales.

## Antecedentes La disputa se basa en la interpretación de la Sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de EE. UU. de 1976, que regula la doctrina del uso justo. En virtud de la ley federal, los tribunales evalúan cuatro factores legales para determinar si el uso no autorizado de material protegido es permisible: el propósito y el carácter del uso, la naturaleza de la obra protegida, la cantidad y sustancialidad de la parte utilizada, y el efecto del uso en el mercado potencial o en el valor de la obra original.

Durante décadas, la jurisprudencia sobre el uso justo en el entorno digital estuvo moldeada por casos de referencia como el fallo de 2015 en el caso Authors Guild v. Google. En aquel proceso, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. determinó que el escaneo e indización no autorizados por parte de Google de millones de libros publicados para crear una base de datos de fragmentos de texto con opción de búsqueda constituía un uso justo transformador. El sistema de Google facilitaba información pública sobre los libros sin ofrecer sustitutos del texto completo que perjudicaran la venta de ejemplares.

Los desarrolladores de IA como OpenAI sostienen que los grandes modelos de lenguaje funcionan de manera similar a Google Books o a los lectores humanos: los modelos analizan patrones estadísticos, gramática y hechos a través de vastas bibliotecas de texto para aprender las reglas del lenguaje humano, en lugar de servir como repositorios de archivos digitales. Los editores, sin embargo, argumentan que la IA generativa representa una actividad fundamentalmente diferente. Los LLM actuales no se limitan a mostrar fragmentos o índices de búsqueda; generan resúmenes de texto completos, artículos sintéticos y respuestas conversacionales que pueden sustituir directamente la necesidad de visitar los sitios web de noticias originales, perjudicando así el mercado principal del periodismo original.

Este enfrentamiento judicial se amplió considerablemente entre 2023 y 2026, a medida que se interpusieron numerosas demandas por derechos de autor en diversos tribunales de distrito de EE. UU. Medios que van desde periódicos tradicionales hasta plataformas digitales independientes demandaron a los principales laboratorios de IA, alegando que entrenar modelos LLM con sus archivos sin autorización infringía tanto la ley de derechos de autor como las disposiciones de gestión digital. Mientras que algunos conglomerados de medios tradicionales optaron por negociar contratos directos de licencia plurianuales por valor de decenas de millones de dólares con empresas como OpenAI, otros acudieron a los tribunales federales para establecer un precedente legal vinculante.

## Reacciones La iniciativa del Departamento de Justicia provocó reacciones inmediatas por parte de defensores de la libertad de prensa, académicos del ámbito legal y representantes del sector tecnológico. Los grupos de la industria de los medios expresaron una profunda decepción, señalando que el poder ejecutivo está optando activamente por proteger a conglomerados tecnológicos multimillonarios a expensas del periodismo independiente y los creadores de contenido. Los defensores de las organizaciones de noticias advirtieron de que conceder a las plataformas tecnológicas acceso gratuito a los archivos periodísticos priva al periodismo de los ingresos esenciales necesarios para mantener el periodismo de investigación.

Por el contrario, las organizaciones empresariales tecnológicas y los investigadores de inteligencia artificial celebraron la intervención del gobierno. Los grupos del sector sostuvieron que los modelos de aprendizaje automático requieren un acceso exhaustivo a los datos públicos de internet para funcionar con eficacia, y que considerar el análisis de datos como una infracción de derechos de autor frenaría el avance científico y comercial en el conjunto del sector del software estadounidense.

Los expertos legales señalaron que, aunque un escrito de amicus curiae del Departamento de Justicia tiene un peso persuasivo significativo en los tribunales federales, los jueces federales actúan de forma independiente y están estrictamente vinculados al texto legal y a los precedentes judiciales, más que a las preferencias políticas del poder ejecutivo. Los observadores prevén que el juez presidente examine minuciosamente el escrito durante las próximas vistas orales.

## Lo que aún se desconoce Varios elementos fundamentales del caso siguen sin resolverse. Aún no está claro si el juez del tribunal federal de distrito asignado al caso aceptará la caracterización del Departamento de Justicia de considerar el entrenamiento de modelos de IA como uso justo, o si el tribunal permitirá que la demanda avance hacia la fase completa de proposición de pruebas y juicio.

Además, la transparencia técnica sigue siendo un motivo sustancial de disputa. Dado que las empresas de IA consideran sus conjuntos de datos de entrenamiento y sus arquitecturas algorítmicas como secretos comerciales muy celosamente guardados, la cantidad exacta de artículos propiedad de The Intercept y otros codemandantes ingeridos por iteraciones específicas de los modelos de OpenAI —como GPT-4— no se ha revelado íntegramente en las presentaciones judiciales públicas.

Asimismo, se desconoce si otros organismos federales, como la U.S. Copyright Office o la Federal Trade Commission, emitirán interpretaciones legales o directrices regulatorias que coincidan con la postura adoptada por el Departamento de Justicia o que la contradigan.

## A qué prestar atención En los próximos meses, los registros judiciales revelarán hitos procesales clave en el caso The Intercept v. OpenAI. Los observadores estarán atentos a si el tribunal federal de distrito se pronuncia sobre la moción de desestimación de OpenAI o si establece un calendario para las mociones de juicio sumario en las que se debata formalmente el escrito del DOJ.

Al mismo tiempo, los analistas legales siguen de cerca otros procesos paralelos por derechos de autor, incluidas demandas de gran repercusión interpuestas por periódicos de ámbito nacional y autores de libros en tribunales federales de Nueva York y California. Las sentencias que se dicten en estos procedimientos paralelos podrían dar lugar a precedentes contradictorios entre tribunales de circuito, lo que abocaría potencialmente a una resolución definitiva ante el Tribunal Supremo de EE. UU.

Por último, los sectores interesados seguirán con atención los movimientos en el Capitolio en busca de posibles respuestas legislativas. Mientras los tribunales federales deliberan sobre las normas vigentes, los miembros del Congreso han debatido propuestas para establecer sistemas de licencias legales, mandatos de transparencia en IA o marcos de compensación a los medios que podrían prevalecer sobre las decisiones judiciales relativas a los datos de entrenamiento de IA.

Este informe se basa en la cobertura original de Noah Hurowitz.