La batalla por el Congreso en Alabama pone a prueba el derecho al voto tras la redistribución de distritos

Una campaña de gran trascendencia por el segundo distrito congresional de Alabama ha vuelto a situar el mapa electoral del estado bajo el escrutinio nacional, mientras el aspirante republicano Rhett Marques desafía al representante demócrata en funciones Shomari Figures. La contienda, que se desarrolla en un distrito profundamente remodelado por orden judicial para brindar a los votantes negros una oportunidad equitativa de elegir al candidato de su preferencia, sirve como un barómetro crucial tanto para la aplicación federal de los derechos de voto como para el equilibrio partidista de poder en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Según información de The Guardian, la carrera resalta la persistente fricción en torno al gerrymandering racial, el acceso al voto y el control partidista en el Deep South.

## Datos clave

- El representante demócrata Shomari Figures defiende el rediseñado segundo distrito congresional de Alabama frente al aspirante republicano Rhett Marques. - El distrito fue reconfigurado tras un histórico litigio federal en virtud de la Sección 2 de la Voting Rights Act de 1965, que ordenó la creación de un segundo distrito de oportunidad para las minorías en el estado. - La población de Alabama es aproximadamente un 27 por ciento negra; sin embargo, históricamente, los siete distritos congresionales del estado contaban con un solo escaño de mayoría negra antes de la revisión ordenada por el tribunal. - El rediseñado segundo distrito se extiende por la histórica región de Black Belt, conectando centros urbanos como Montgomery y sectores de Mobile. - La intervención judicial federal se produjo después de que los legisladores estatales se negaran inicialmente a trazar dos distritos en los que los votantes negros constituyeran una mayoría o casi una mayoría de la población en edad de votar.

## Qué ocurrió

Según informaron los periodistas de The Guardian Oliver Laughland y Tom Silverstone, la contienda política en el segundo distrito congresional de Alabama se ha intensificado en medio de debates más amplios sobre el sufragio de las minorías y el gerrymandering partidista. El reportaje siguió la campaña de Rhett Marques, un republicano alineado con el movimiento Make America Great Again, mientras hace campaña a través de un distrito rediseñado específicamente para corregir la dilución histórica del poder electoral de las minorías.

Marques busca desbancar al representante Shomari Figures, un demócrata que obtuvo el escaño después de que la intervención judicial obligara a Alabama a modificar sus límites distritales. La campaña incide directamente en el conflicto institucional entre las organizaciones políticas locales y los mandatos federales. Las crónicas sobre el terreno documentan marcadas divisiones entre las plataformas conservadoras, que enfatizan las prioridades regionales tradicionales, y los esfuerzos demócratas, centrados en proteger las garantías de derechos civiles federales recientemente obtenidas.

El Distrito 2, representado durante mucho tiempo por republicanos conservadores bajo los mapas anteriores, abarca ahora un amplio corredor demográfico y geográfico. Incorpora comunidades rurales a lo largo del fértil Black Belt de Alabama —denominado así originalmente por su tierra vegetal oscura y rica, e históricamente definido por la agricultura de plantación y el posterior activismo por los derechos civiles—, junto con distritos electorales metropolitanos en Montgomery y el condado de Mobile. La reconfiguración alteró sustancialmente el electorado del distrito, reduciendo la ventaja histórica republicana y convirtiendo el escaño en uno de los campos de batalla congresionales más observados del sur de Estados Unidos.

## Por qué es importante

La dinámica electoral en el segundo distrito de Alabama conlleva profundas consecuencias jurídicas, legislativas y sociales mucho más allá de las fronteras del estado. En el contexto legislativo inmediato, el distrito representa un pilar crítico en la ajustada aritmética que rige la Cámara de Representantes de EE. UU. Dado que en los últimos ciclos las mayorías parlamentarias se han definido por menos de diez escaños, cualquier cambio en un distrito del sur previamente considerado de dominio republicano seguro influye directamente en el control de las comisiones, la elección de la presidencia de la Cámara y la agenda legislativa federal.

Más allá de los márgenes partidistas, la contienda funciona como una prueba de resistencia en tiempo real para la fuerza operativa de la Sección 2 de la Voting Rights Act. Cuando los tribunales federales exigen a los estados trazar distritos de oportunidad para las minorías, el fundamento jurídico subyacente es que el voto polarizado por motivos raciales impide que las comunidades minoritarias elijan a sus candidatos preferidos bajo trazados distritales manipulados tradicionalmente. Si un distrito de oportunidad no logra generar una participación democrática sólida o enfrenta nuevos esfuerzos locales que desincentiven el voto, la eficacia de las medidas judiciales vuelve a ser objeto de debate.

Para los ciudadanos que viven en el Black Belt, la representación en juego determina directamente la defensa de la infraestructura pública, los fondos federales para la atención médica y el desarrollo económico rural. Los condados que conforman esta región presentan históricamente algunas de las tasas de pobreza más altas, los peores indicadores de salud y las infraestructuras de agua y saneamiento más deficientes del mundo desarrollado. Contar con un representante que rinda cuentas directamente a estas comunidades rurales y minoritarias cambia el modo en que se canalizan las subvenciones federales y las investigaciones del Congreso hacia las deficiencias municipales sistémicas.

## Contexto

El origen jurídico de la configuración actual del distrito se remonta al Censo de los Estados Unidos de 2020, que registró que los residentes negros constituían más del 27 por ciento de la población total de Alabama. A pesar de esta distribución demográfica, la Legislatura de Alabama aprobó en 2021 un mapa congresional que confinó a la gran mayoría de los votantes negros a un único distrito: el séptimo distrito congresional, que abarca Birmingham y partes del oeste de Black Belt. Los seis distritos restantes mantuvieron amplias mayorías blancas y conservadoras, neutralizando de forma efectiva el poder del voto de las comunidades minoritarias en el resto del estado.

Organizaciones de derechos civiles, entre ellas NAACP Legal Defense and Educational Fund y American Civil Liberties Union, presentaron demandas federales alegando que el mapa violaba la Sección 2 de la Voting Rights Act al diluir indebidamente la fuerza del voto negro. A principios de 2022, un panel de tres jueces de un tribunal federal de distrito —que incluía a dos magistrados designados durante administraciones presidenciales conservadoras— falló por unanimidad en favor de la demanda y ordenó al estado trazar un segundo distrito con una mayoría negra en edad de votar o una proporción muy cercana a ella.

El estado apeló la decisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en el histórico caso *Allen v. Milligan*. En junio de 2023, la Corte Suprema emitió un fallo de 5 a 4 redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, que ratificó la sentencia de la instancia inferior y reafirmó que la Sección 2 se aplica a los mapas de redistribución que diluyen el voto de las minorías. El dictamen sorprendió a muchos analistas jurídicos que preveían que la mayoría conservadora debilitaría aún más la Voting Rights Act, tras decisiones anteriores como la de *Shelby County v. Holder* en 2013, que eliminó los requisitos de autorización previa federal para jurisdicciones con antecedentes de discriminación racial.

Cuando la Legislatura de Alabama volvió a sesionar tras el fallo de *Allen v. Milligan*, los legisladores aprobaron un mapa revisado que aún contenía un solo distrito de mayoría negra, elevando la población negra en edad de votar en el segundo distrito a aproximadamente el 40 por ciento en lugar de alcanzar el umbral recomendado por el tribunal. El panel federal de tres jueces rechazó la propuesta de la legislatura y expresó su decepción por el desacato manifiesto del estado a las instrucciones judiciales. Posteriormente, el tribunal designó a un special master independiente y a un cartógrafo para redactar un mapa apartidista. El plan aprobado por la corte estableció los límites actuales del Distrito 2, creando una población en edad de votar que otorgó a los electores minoritarios una oportunidad real de elegir al candidato de su preferencia y allanando el camino para la elección de Figures.

## Reacciones

La redistribución de distritos y la contienda electoral en curso han provocado continuas reacciones en todo el espectro político. Los funcionarios estatales conservadores y los organizadores del Partido Republicano han sostenido reiteradamente que los distritos ordenados por la corte equivalen a un gerrymandering racial inconstitucional, argumentando que los mapas deberían trazarse estrictamente de acuerdo con criterios tradicionales de redistribución, tales como los límites de los condados y la compacidad geográfica, sin tener en cuenta la raza. Figuras como Marques han estructurado sus campañas en torno a temas económicos amplios y una gobernanza conservadora tradicional, con el objetivo de atraer a votantes rurales moderados más allá de las afiliaciones partidarias.

Por el contrario, los líderes de derechos civiles, defensores del derecho al voto y dirigentes del Partido Demócrata han celebrado el mapa como una aplicación vital y largamente postergada de la legislación federal. Los grupos que apoyan a Figures han destacado el mandato constitucional de evitar la dilución del voto, argumentando que la creación del distrito simplemente corrige décadas de mapas discriminatorios destinados a silenciar a sectores significativos de la población. Sostienen que la verdadera legitimidad democrática exige que las delegaciones congresionales reflejen la diversidad racial e ideológica de los estados a los que representan.

## Lo que aún no se sabe

Varias incógnitas fundamentales siguen sin resolverse a medida que avanza esta contienda. Los reportes disponibles no detallan las cifras totales de recaudación de fondos ni el gasto de campaña de Figures o Marques, datos que determinarán en gran medida la movilización de votantes y el alcance de la publicidad televisiva en los mercados de medios de Montgomery y Mobile. Además, los datos específicos de encuestas locales en los condados rediseñados siguen siendo escasos, lo que deja abierta la interrogante sobre qué tan profundamente cala el mensaje conservador de Marques entre los votantes rurales no alineados dentro de Black Belt.

Otro vacío significativo radica en el posible impacto de las normas administrativas locales de votación. Alabama no dispone de votación anticipada tradicional sin justificación, sino que depende de estrictos procedimientos de votación en ausencia y de requisitos obligatorios de identificación con fotografía. La información disponible no aporta datos cuantitativos sobre cómo estos obstáculos administrativos podrían afectar la participación electoral de las poblaciones rurales y de bajos ingresos en el Distrito 2 en comparación con ciclos anteriores de elecciones legislativas y generales.

## Puntos a seguir

En los próximos meses, los observadores deberán seguir de cerca varios indicadores clave para evaluar la trayectoria de esta contienda y sus implicaciones legales. Los informes de financiamiento de campaña presentados ante la Federal Election Commission (FEC) revelarán si los comités partidistas nacionales y los comités de acción política (PAC) independientes están realizando fuertes inversiones en el Distrito 2 considerándolo una prioridad defensiva o una oportunidad de conquista electoral. Los grandes volúmenes de gasto externo suelen indicar que las encuestas internas muestran un margen sumamente estrecho.

Los índices de participación en los condados de Montgomery y Mobile, junto con la participación rural en los condados de Bullock, Dallas, Lowndes y Macon, servirán como indicadores determinantes. Los analistas también deberán prestar atención a cualquier litigio emergente dirigido a los padrones de votantes, el procesamiento de los votos en ausencia o la administración de los centros de votación en vísperas del día de las elecciones. Por último, los analistas jurídicos observarán si las fundaciones legales conservadoras presentan nuevas impugnaciones judiciales contra el mapa ordenado por el tribunal, intentando potencialmente llevar de nuevo ante la Corte Suprema la cuestión de las consideraciones raciales en la redistribución legislativa.

La información para esta crónica se basa en la cobertura política sobre el terreno y el periodismo en video elaborado por Jem Talbot, Tom Silverstone, Ivan Kuraev, Katie Lamborn y Oliver Laughland para The Guardian.