Veinte años en Guantanamo: por qué el juicio contra el cerebro del 11 de septiembre, KSM, sigue estancado

NUEVA YORK — Más de dos décadas después de que las autoridades de Estados Unidos trasladaran a Khalid Sheikh Mohammed a la Estación Naval de EE. UU. en la Bahía de Guantanamo, Cuba, el autoproclamado cerebro detrás de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 permanece bajo custodia militar sin un juicio concluido, según lo informado por The Associated Press. Capturado en Pakistán en 2003 y retenido posteriormente en centros de detención clandestinos de la Central Intelligence Agency antes de su llegada en septiembre de 2006 al enclave cubano, Mohammed está acusado de planear la trama de secuestro que se cobró casi 3.000 vidas. Sin embargo, a pesar de décadas de procedimientos judiciales, presentaciones gubernamentales y audiencias preliminares ante comisiones militares, una resolución judicial definitiva sigue eludiendo al sistema legal estadounidense, dejando a las familias de las víctimas y a los académicos constitucionales a la espera de un resultado que parece no estar más cerca que cuando ingresó por primera vez en la prisión extraterritorial.

## Datos clave - Khalid Sheikh Mohammed permanece recluido en la Estación Naval de EE. UU. en la Bahía de Guantanamo, Cuba, desde hace dos décadas, tras su traslado en 2006 desde la custodia secreta de la CIA. - Las autoridades de Estados Unidos acusan a Mohammed de ser el principal arquitecto de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que dejaron 2.977 fallecidos en New York, Virginia y Pennsylvania. - Los procedimientos previos al juicio en el caso de la comisión militar contra Mohammed y cuatro coacusados se han prolongado a lo largo de múltiples administraciones presidenciales sin llegar a una fase de juicio formal. - Los desafíos legales en torno a la admisibilidad de las pruebas obtenidas mediante duras técnicas de interrogatorio, incluido el ahogamiento simulado (waterboarding), han detenido repetidamente los avances judiciales. - Los intentos de resolver el caso con pena de muerte mediante acuerdos de culpabilidad negociados han enfrentado revocaciones legales y oposición política dentro de la cúpula de defensa de EE. UU.

## Qué ocurrió El prolongado estancamiento en el procesamiento de Khalid Sheikh Mohammed pone de relieve una de las sagas judiciales más dilatadas en la historia jurídica moderna de EE. UU., según informa The Associated Press. Mohammed, quien fue puesto bajo custodia por funcionarios de inteligencia estadounidenses y pakistaníes en Rawalpindi, Pakistán, en marzo de 2003, pasó tres años en centros secretos de detención de la CIA antes de ser trasladado a la prisión militar en la Bahía de Guantanamo en septiembre de 2006.

Tras su traslado a la custodia militar, las autoridades federales clasificaron a Mohammed como un detenido de gran valor e iniciaron procedimientos bajo el sistema de comisiones militares de EE. UU. Fue acusado inicialmente junto a cuatro coacusados —Walid bin Attash, Ramzi bin al-Shibh, Ammar al-Baluchi y Mustafa al-Hawsawi— de delitos que incluyen asesinato en violación del derecho de la guerra, terrorismo y conspiración vinculados a los ataques del 11 de septiembre.

Sin embargo, el tribunal de la comisión militar ha pasado años empantanado en mociones de procedimiento, disputas probatorias y desafíos jurisdiccionales. Las audiencias preliminares, llevadas a cabo en una sala de tribunal especializada en Camp Justice dentro de la base militar de la Bahía de Guantanamo, se han paralizado repetidamente por los reclamos de la defensa sobre el trato a los acusados mientras estuvieron bajo custodia de la CIA y la obligación del gobierno de entregar registros clasificados.

Los intentos de eludir un juicio formal con pena de muerte mediante acuerdos previos al juicio han tropezado del mismo modo con importantes obstáculos. En 2024 se presentaron propuestas de acuerdos que habrían eliminado la pena de muerte a cambio de declaraciones de culpabilidad y cadenas perpetuas sin libertad condicional, únicamente para desencadenar una fuerte controversia y la intervención administrativa de altos funcionarios del U.S. Department of Defense. Por consiguiente, el caso permanece atrapado en un ciclo de argumentos previos al juicio sin una fecha fijada para que un panel de jurados escuche las declaraciones de apertura.

## Por qué es importante El retraso persistente para llevar a juicio a Khalid Sheikh Mohammed conlleva profundas consecuencias para el sistema de justicia estadounidense, la política de seguridad nacional y las familias de las 2.977 personas que murieron el 11 de septiembre de 2001. Para los familiares de las víctimas, la ausencia del resultado de un juicio los priva de un cierre y de una responsabilidad legal formal después de más de un cuarto de siglo desde los ataques. Muchos familiares que han viajado a la Bahía de Guantanamo para presenciar las audiencias preliminares han expresado su frustración ante un proceso que ha sobrevivido a múltiples jueces, fiscales y abogados defensores sin llegar a emitir un veredicto.

Institucionalmente, el caso subraya los límites operativos y las vulnerabilidades estructurales del marco de las comisiones militares de EE. UU. establecido tras el 11 de septiembre. Diseñadas fuera del sistema de tribunales federales tradicional para procesar a sospechosos extranjeros de terrorismo, las comisiones han tenido dificultades para abordar complejas cuestiones constitucionales, protocolos de información clasificada y normas jurídicas internacionales que rigen la detención.

Además, los procedimientos han sentado un precedente preocupante con respecto a la intersección entre la recopilación de inteligencia y el procesamiento judicial. La fuerte dependencia de las pruebas obtenidas durante el programa prolongado de interrogatorios de la CIA creó un dilema legal duradero: la información extraída bajo condiciones que los organismos internacionales clasifican como tortura enfrenta estrictos obstáculos probatorios ante los tribunales. Como resultado, el sistema de comisiones militares ha sido objeto de escrutinio por parte de organizaciones de derechos humanos y expertos legales que sostienen que la demora debilita la credibilidad del estado de derecho estadounidense en el escenario global.

## El contexto El camino legal que llevó a Khalid Sheikh Mohammed a la Bahía de Guantanamo comenzó inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre, cuando la administración Bush estableció un aparato legal extraordinario para detener y procesar a ciudadanos no estadounidenses sospechosos de terrorismo. Tras su captura en Rawalpindi en marzo de 2003, Mohammed estuvo recluido en lugares clandestinos —a menudo denominados "sitios negros" de la CIA— en países que incluían Polonia, Rumania y Tailandia. Durante este período, fue sometido a severos métodos de interrogatorio autorizados por memorandos jurídicos gubernamentales, como la privación del sueño, la bipedestación forzada, posiciones de estrés y 183 sesiones independientes de ahogamiento simulado.

En septiembre de 2006, el presidente George W. Bush anunció el traslado de Mohammed y otros 13 detenidos de gran valor a las instalaciones militares de la Bahía de Guantanamo, Cuba, solicitando al Congreso la aprobación de una legislación para formalizar el sistema de comisiones militares. Posteriormente, el Congreso promulgó la Ley de Comisiones Militares de 2006 (Military Commissions Act), que más tarde fue enmendada por la Ley de Comisiones Militares de 2009 bajo la presidencia de Barack Obama para reforzar las garantías procesales de los acusados.

Mohammed y sus coacusados fueron instruidos de cargos formalmente ante un tribunal militar en mayo de 2012 por delitos castigados con la pena de muerte. Desde esa comparecencia, el caso se ha visto plagado de retrasos logísticos y legales. Más de media docena de jueces militares han presidido los procedimientos, y cada uno ha necesitado meses para revisar millones de páginas de registros clasificados y mociones de procedimiento.

En 2009, el fiscal general Eric Holder propuso trasladar a Mohammed al Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de New York para enfrentar un juicio civil federal a solo unas calles del antiguo emplazamiento del World Trade Center. Ese plan se abandonó tras una intensa oposición política de miembros del Congreso y funcionarios locales de New York, quienes alegaron riesgos de seguridad y costos municipales, lo que afianzó de forma definitiva a la Bahía de Guantanamo como la única sede para el procesamiento.

## Reacciones La continua demora ha suscitado duras críticas en todo el espectro político, legal y humanitario, aunque las respuestas formales específicas ante el último hito reflejan divisiones de larga data. Los familiares de las víctimas del 11 de septiembre continúan profundamente divididos sobre la trayectoria del procesamiento. Algunos grupos de defensa de las víctimas han insistido en que solo es aceptable un juicio completo con pena de muerte, al considerar que los acuerdos de culpabilidad representan una respuesta inadecuada al ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense. Por el contrario, otros familiares han instado públicamente a las autoridades gubernamentales a aceptar acuerdos de culpabilidad que garanticen la cadena perpetua sin libertad condicional, argumentando que un litigio prolongado garantiza que muchos familiares de edad avanzada no vivirán para ver el final del proceso judicial.

Organizaciones de derechos humanos, incluidas Amnesty International y Human Rights Watch, han pedido en repetidas ocasiones el cierre del centro de detención de la Bahía de Guantanamo y la resolución de todos los casos pendientes ante las comisiones militares. Estas organizaciones sostienen que la incapacidad del gobierno para concluir un juicio tras dos décadas demuestra las deficiencias inherentes de un sistema de tribunales ad hoc que opera fuera del poder judicial federal ordinario.

Dentro del estamento militar y de defensa, los funcionarios han sostenido que el proceso del tribunal sigue siendo necesario para salvaguardar los secretos de seguridad nacional garantizando al mismo tiempo el debido proceso bajo los estatutos vigentes, aun cuando las sucesivas administraciones luchan por establecer un cronograma definitivo para la conclusión del juicio.

## Lo que aún no se sabe Preguntas cruciales sobre la resolución final del caso contra Khalid Sheikh Mohammed permanecen sin respuesta en los informes disponibles. La mayor incógnita es si el procesamiento avanzará alguna vez hacia un juicio completo con pena de muerte ante un panel militar, o si el caso se resolverá en última instancia mediante un acuerdo de culpabilidad negociado que elimine la posibilidad de la ejecución.

El estado legal de las negociaciones previas para lograr un acuerdo de culpabilidad también presenta un desafío no resuelto. Los litigios en torno a los esfuerzos administrativos de la cúpula de defensa para anular o restituir los acuerdos permanecen pendientes en la jerarquía de los tribunales militares de apelación, lo que genera ambigüedad sobre qué marco legal rige actualmente el caso.

Además, persisten dudas clave sobre cómo manejará el tribunal las amplias pruebas clasificadas relacionadas con el programa de interrogatorios de la CIA. Aún no está claro qué cantidad de testimonios de antiguos contratistas y personal médico de la CIA se permitirán en audiencias públicas, ni cómo los tribunales de apelaciones —incluidos la U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit y el U.S. Supreme Court— podrían evaluar una eventual condena dada la historia procesal de las comisiones.

## A qué estar atentos Varios hitos específicos y puntos de decisión dictarán las próximas fases de los procedimientos del juicio de Khalid Sheikh Mohammed:

- **Fallos de tribunales de apelación sobre acuerdos de culpabilidad:** Las decisiones de los tribunales militares de revisión sobre la validez de las intervenciones ejecutivas en los acuerdos previos al juicio determinarán si el caso vuelve a la vía del juicio o se encamina hacia una sentencia final bajo términos negociados. - **Fallos sobre la desestimación de pruebas de interrogatorios:** Las próximas audiencias de mociones en la Bahía de Guantanamo centradas en la admisibilidad de las declaraciones hechas por Mohammed a agentes del FBI en 2007 pondrán a prueba si las pruebas recopiladas tras la custodia de la CIA están legalmente exentas de vicios. - **Estabilidad en la asignación judicial:** El calendario futuro depende de si el juez militar actual permanece asignado al caso el tiempo suficiente para resolver cientos de mociones probatorias pendientes. - **Cambios en las políticas legislativas y ejecutivas:** Cualquier posible cambio en las restricciones del Congreso sobre el traslado de detenidos o el financiamiento del tribunal militar de la Bahía de Guantanamo podría alterar la viabilidad logística de continuar los procedimientos en Cuba. - **Estado y envejecimiento de testigos y acusados:** La avanzada edad y los problemas de salud de los acusados, testigos y miembros de los equipos legales representan un límite práctico que podría forzar reajustes administrativos o judiciales en el calendario del juicio.

Este informe se basa en el reporte original de Larry Neumeister para The Associated Press.