Los votantes de California rechazan una iniciativa de impuesto sobre el patrimonio dirigida a los multimillonarios del estado

Los votantes de California han rechazado una histórica iniciativa electoral diseñada para gravar de forma directa el patrimonio de los residentes multimillonarios del estado, según una proyección electoral de Decision Desk HQ difundida por la periodista Miranda Nazzaro. La decisión otorga una victoria política decisiva a ejecutivos tecnológicos, figuras del capital de riesgo y grupos de cabildeo empresarial que invirtieron cientos de millones de dólares para derrotar la propuesta. Asimismo, coincide con el posicionamiento político del gobernador de California, Gavin Newsom, quien se ha resistido sistemáticamente a los intentos del ala progresista de su partido de implementar gravámenes estatales sobre el patrimonio neto, advirtiendo de que tales medidas corren el riesgo de desestabilizar la volátil base de ingresos fiscales del estado y acelerar la emigración de contribuyentes con altos ingresos.

## Puntos clave

- Los votantes de California rechazaron la propuesta de impuesto a la riqueza de los multimillonarios, con aproximadamente un 54 por ciento de sufragios en contra de la medida electoral, según proyecciones electorales publicadas por Decision Desk HQ. - Los detractores de la iniciativa, encabezados por ejecutivos tecnológicos y corporativos junto con asociaciones empresariales estatales, destinaron cientos de millones de dólares a labores de promoción pública y publicidad en contra de la propuesta. - El desenlace supone un respaldo explícito a la línea política del gobernador Gavin Newsom, quien ha discrepado en reiteradas ocasiones de los legisladores demócratas de tendencia izquierdista en torno a impuestos sobre activos específicos y medidas electorales progresistas. - California alberga a más de 180 multimillonarios, lo que representa la mayor concentración de personas ultrarricas de cualquier estado de EE. UU., según datos demográficos y financieros estatales. - El estado depende en gran medida de las rentas más altas para sus ingresos públicos: el 1 por ciento superior de los contribuyentes aporta históricamente entre el 40 y el 50 por ciento de toda la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas ingresada en el fondo general.

## Qué ocurrió

Los resultados electorales tabulados en los 58 condados de California revelaron una ventaja insuperable para la oposición, lo que llevó a Decision Desk HQ a proyectar que el propuesto impuesto sobre el patrimonio fracasaría. Con cerca del 54 por ciento de los votos en contra, la medida no alcanzó la mayoría simple requerida por la Constitución de California para promulgar cambios fiscales estatutarios mediante una iniciativa de votación.

Según la información recabada por Miranda Nazzaro, la contienda se convirtió en una de las disputas sobre iniciativas de votación más caras de la historia de California. Fundadores de empresas tecnológicas, inversores de capital de riesgo de Silicon Valley y federaciones empresariales de todo el estado crearon comités políticos ampliamente financiados para oponerse a la propuesta, inyectando cientos de millones de dólares en campañas de televisión, digitales e impresas en los principales mercados de medios, desde Los Ángeles hasta el Área de la Bahía de San Francisco.

La iniciativa proponía crear un gravamen anual sobre el patrimonio neto dirigido a los residentes de California cuyos activos globales totales superaran un umbral determinado para multimillonarios. Quienes la respaldaban concebían el impuesto como un mecanismo para captar la plusvalía no realizada de los activos y canalizar miles de millones de nuevos ingresos etiquetados hacia la educación pública, la infraestructura sanitaria y programas de resiliencia climática. Sin embargo, los opositores lograron encuadrar la iniciativa como un experimento fiscal sin precedentes que establecería sistemas burocráticos de valoración, penalizaría a emprendedores innovadores e incentivaría la fuga de capitales hacia jurisdicciones con bajos impuestos como Texas, Florida y Nevada.

La resistencia del gobernador Newsom a las iniciativas de impuestos al patrimonio desempeñó un papel central en la conformación del clima político en torno a la votación. Si bien Newsom ha promulgado considerables paquetes de gasto social a lo largo de su mandato, ha manifestado reiteradamente su rechazo a medidas estatales que introduzcan impuestos directos al patrimonio acumulado, argumentando que dichos tributos resultan administrativamente complejos y suponen riesgos para la competitividad macroeconómica general de California.

## Por qué es importante

El fracaso de la iniciativa de impuesto sobre el patrimonio acarrea importantes repercusiones fiscales, políticas e institucionales tanto para California como para Estados Unidos en su conjunto. California funciona bajo uno de los sistemas de ingresos estatales más volátiles del país. Dado que el estado aplica una tasa marginal máxima del impuesto sobre la renta personal del 13.3 por ciento —que asciende al 14.4 por ciento para ciertos contribuyentes de altos ingresos al incluir recargos para servicios de salud mental y ajustes por discapacidad—, su presupuesto estatal está estrechamente ligado al desempeño del mercado de valores, las ofertas públicas iniciales y las ganancias de capital obtenidas por sus habitantes más ricos. En años de auge, esta estructura progresiva genera superávits presupuestarios multimillonarios e históricos; en fases de caída bursátil, desemboca en déficits rápidos y pronunciados que obligan a los legisladores de Sacramento a congelar el gasto, recurrir a los fondos de reserva o acudir a préstamos internos.

Los defensores del impuesto a los multimillonarios argumentaban que tasar el patrimonio en lugar de los ingresos anuales realizados suavizaría la volatilidad presupuestaria de California, a la vez que abordaría la extrema desigualdad económica. Al rechazar la iniciativa, los votantes respaldaron los argumentos de los líderes empresariales, quienes sostenían que intentar valorar y gravar activos privados ilíquidos, opciones sobre acciones, participaciones inmobiliarias y participaciones de capital perturbaría la economía de la innovación del estado. La decisión elimina la perspectiva inmediata de nuevas auditorías patrimoniales y requisitos de presentación de informes sobre valoración de capital para la élite tecnológica de California.

A escala nacional, California se percibe con frecuencia como un laboratorio de pruebas para las políticas económicas progresistas. Las propuestas de impuestos federales al patrimonio, abanderadas por figuras progresistas en el Senado y la Cámara de Representantes de EE. UU., han afrontado continuos obstáculos constitucionales y de procedimiento en Washington. De haber promulgado con éxito un impuesto estatal sobre el patrimonio, California habría ofrecido un modelo funcional para otros estados de tendencia progresista, como Nueva York, Massachusetts y el estado de Washington, que han considerado legislaciones semejantes. El contundente rechazo por parte del 54 por ciento de los votantes californianos debilita notablemente el impulso para la tributación del patrimonio a nivel estatal en todo el país.

## Antecedentes

El debate sobre la imposición a la riqueza en California se ha venido gestando durante años en la legislatura estatal en Sacramento. Miembros de la Asamblea encabezados por legisladores progresistas, entre ellos el asambleísta Alex Lee, presentaron reiteradamente propuestas legislativas, como el Proyecto de Ley de la Asamblea 259 (Assembly Bill 259) y la Enmienda Constitucional de la Asamblea 3 (Assembly Constitutional Amendment 3), que buscaban establecer gravámenes a la riqueza desde el 1 por ciento sobre patrimonios netos superiores a 50 millones de dólares hasta el 1.5 por ciento sobre activos globales que superaran los 1000 millones de dólares. Dichos proyectos quedaron estancados una y otra vez en los comités legislativos de política y recaudación debido a la firme oposición de las federaciones empresariales, los demócratas moderados y el rechazo explícito de la oficina del gobernador.

Frustrados por la inercia legislativa, defensores progresistas, sindicatos del sector público y organizaciones de defensa de la salud recurrieron al sistema de democracia directa de California. Establecido durante la Era Progresista en 1911, el proceso de iniciativa permite a la ciudadanía someter a votación estatal directa medidas de carácter legal y enmiendas constitucionales mediante la recolección de un número requerido de firmas verificadas de votantes. A lo largo de las últimas cuatro décadas, el sistema de iniciativas se ha utilizado con asiduidad para redefinir el panorama tributario del estado, comenzando con la histórica aprobación de la Proposición 13 en 1978, la cual impuso estrictos límites a los aumentos de los impuestos sobre bienes inmuebles locales.

En ciclos electorales recientes, los votantes de California han demostrado una disposición matizada y a veces contradictoria hacia el alza de impuestos. En 2012, el electorado aprobó la Proposición 30, que elevó de manera temporal los impuestos sobre la renta a las rentas más altas para financiar la educación pública en el periodo posterior a la Gran Recesión, medida que más tarde se extendió hasta 2030 a través de la Proposición 55 en 2016. Sin embargo, en noviembre de 2022, los votantes rechazaron de forma contundente la Proposición 30 —una medida no relacionada promovida por defensores del transporte limpio y la empresa de viajes compartidos Lyft que buscaba gravar con un impuesto sobre la renta adicional del 1.75 por ciento a las personas con ingresos superiores a los 2 millones de dólares para financiar incentivos para vehículos eléctricos y prevención de incendios forestales—. En aquella campaña de 2022, el gobernador Newsom rompió decididamente con sus aliados ecologistas tradicionales y apareció en anuncios transmitidos en todo el estado para calificar la propuesta como un privilegio corporativo y una subida innecesaria de impuestos, una postura que contribuyó a su rotunda derrota.

Los detractores del impuesto a los multimillonarios se basaron directamente en la exitosa estrategia empleada en 2022. Las coaliciones empresariales formaron comités de acción política respaldados por destacadas firmas de capital de riesgo de Silicon Valley, colectivos ejecutivos y asociaciones gremiales agrícolas e industriales. Argumentaron que aplicar un impuesto sobre el patrimonio estatal sin precedentes acarrearía litigios jurídicos irresolubles bajo la Cláusula de Comercio y la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución de EE. UU., las cuales establecen estrictas restricciones a la tributación estatal sobre activos situados fuera de su jurisdicción.

## Reacciones

Mientras aún continuaban difundiéndose las declaraciones de concesión y victoria tras la proyección electoral, federaciones empresariales y tecnológicas organizadas celebraron la decisión. Grupos como la California Chamber of Commerce y organizaciones comerciales de la industria tecnológica habían sostenido que la medida provocaría un éxodo inmediato de sedes corporativas y de contribuyentes de alto patrimonio hacia estados sin impuesto sobre la renta personal, incluidos Texas y Florida. Sus mensajes públicos insistieron en que retener a los principales emprendedores resulta indispensable para mantener el liderazgo tecnológico del estado y generar la base tributaria que costea el sistema escolar público, la red de seguridad social y el transporte en California.

Por el contrario, coaliciones progresistas, activistas del bienestar social y sindicatos manifestaron su decepción ante el resultado. A lo largo de la campaña, los impulsores de la medida argumentaron que la creciente crisis de asequibilidad de la vivienda y las acusadas disparidades de riqueza en California exigían intervenciones estructurales sin precedentes. Los organizadores a favor del impuesto sostuvieron que los individuos ultrarricos protegen de la tributación partes sustanciales de sus ganancias económicas al mantener acciones revalorizadas sin venderlas, con lo que tributan a tasas impositivas efectivas menores que los trabajadores californianos. Asimismo, atribuyeron la derrota a la inmensa ventaja financiera que tuvieron los donantes corporativos y ejecutivos empresariales al financiar campañas televisivas.

La administración del gobernador Newsom no ha presentado la votación como una derrota para la gobernanza progresista, sino como una ratificación de la disciplina fiscal responsable. Al rechazar otro aumento fiscal a las personas de altos ingresos, Newsom ha buscado salvaguardar su reputación como un gestor económico pragmático capaz de conciliar ambiciosos compromisos climáticos y de salud pública con la estabilidad del mercado.

## Qué no sabemos todavía

Varias dimensiones clave de la votación y sus repercusiones siguen sin resolverse. En primer lugar, los recuentos completos y certificados de votos de la Secretaría de Estado de California tardarán varias semanas en ultimarse, a medida que los trabajadores electorales de los 58 condados procesen las boletas por correo recibidas con posterioridad y los votos provisionales. Aunque Decision Desk HQ proyectó que el margen de rechazo del 54 por ciento resulta suficiente para confirmar la derrota, el margen certificado definitivo determinará con qué contundencia se desestimó la política en regiones geográficas clave, sobre todo en enclaves costeros acomodados en contraste con condados del interior de clase trabajadora.

En segundo lugar, las cifras exactas del financiamiento de la campaña no estarán documentadas en su totalidad hasta que se presenten las declaraciones de divulgación financiera poselectorales ante la Fair Political Practices Commission del estado. Si bien los opositores gastaron cientos de millones de dólares, todavía queda por contabilizar el desglose definitivo de las contribuciones individuales aportadas por destacados fundadores tecnológicos, gestores de fondos de cobertura y firmas de capital de riesgo.

En tercer lugar, no está claro si los legisladores progresistas en Sacramento interpretarán el rechazo de los votantes como una moratoria definitiva a los planteamientos de impuestos sobre el patrimonio o si presentarán propuestas de ingresos alternativas y más acotadas durante el próximo periodo legislativo, como recargos específicos sobre los beneficios corporativos o normas modificadas relativas a las ganancias de capital.

## Puntos a seguir

Quienes siguen la política y la normativa fiscal de California deberán prestar atención a tres acontecimientos determinantes en los próximos meses:

1. Presentación de proyectos en el periodo legislativo: Los legisladores en el Senado y la Asamblea del Estado de California se reunirán nuevamente en Sacramento para registrar nuevos proyectos de ley para el próximo calendario legislativo. Los observadores deberán monitorear si los miembros progresistas vuelven a presentar gravámenes específicos sobre transacciones de capital, proporciones de compensación a directores ejecutivos o bienes inmuebles comerciales, o si se alejan por completo de los tributos directos sobre activos.

2. Pronósticos presupuestarios estatales: La no partidista California Legislative Analyst's Office (LAO) y el Department of Finance tienen previsto publicar previsiones económicas y perspectivas de ingresos actualizadas. Si los ingresos por impuestos sobre la renta de personas físicas descienden o no alcanzan las expectativas, Sacramento afrontará renovados debates en torno a reducciones del gasto frente a nuevos mecanismos de captación de recursos.

3. Tendencias de residencia de personas de altos ingresos: Economistas y supervisores fiscales estatales analizarán los informes del franchise tax board estatal e indicadores de movilidad para evaluar si la derrota de la iniciativa frena el traslado de fundadores tecnológicos y capital de empresas emergentes en etapa inicial hacia centros de negocios rivales como Austin, Miami y Salt Lake City.

Este artículo incorpora reportería y análisis electoral publicados originalmente por Miranda Nazzaro, junto con proyecciones recopiladas por Decision Desk HQ.